PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE RENEGOCIACIÓN

Es un procedimiento administrativo y gratuito en que la Superintendencia actúa como facilitadora de acuerdos entre la Persona Deudora y sus acreedores. Este procedimiento tiene por finalidad la renegociación de las obligaciones del deudor o la ejecución de sus bienes para el pago de sus obligaciones vigentes.

El procedimiento consta de tres audiencias en que participa el deudor y sus acreedores y la Superintendencia:

a) Audiencia de Determinación del Pasivo,

b) Audiencia de Renegociación, y/o

c) Audiencia de Ejecución.

Nota: Solo se puede ser admitido a este procedimiento cada 5 años, los que se contarán desde la publicación de la Resolución de Admisibilidad de la solicitud de Renegociación de la Persona Deudora.

Pueden iniciar un Procedimiento Concursal de Renegociación, ante la Superintendencia, solo las Personas Deudoras.

Son Personas Deudoras:

a) Las personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 1 del decreto ley N.° 824, del Ministerio de Hacienda, de 1974, que aprueba la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es decir, las personas naturales sujetas a un contrato de trabajo.

b) Y los demás sujetos de crédito no comprendidos en la definición de empresas deudoras, que entrega el artículo 2 N.° 13 de la Ley N.° 20.720. Esto es, cualquier persona natural sujeto de crédito tales como, dueñas de casa, estudiantes, jubilados, entre otros.

Nota: Para someterse al Procedimiento Concursal de Renegociación, la Persona Deudora que inició actividades, no debe haber emitido boletas de prestación de servicios durante los 24 meses anteriores a la solicitud de renegociación.

a) Tener 2 o más obligaciones (deudas) vencidas:

i. Por más de 90 días corridos,

ii. Actualmente exigibles,

iii. Que provengan de obligaciones distintas, y

iv. Que sumen en total más de 80 Unidades de Fomento.

b) No debe haber sido notificada de una demanda de liquidación forzosa o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra, que no sea de origen laboral.

Clave Única, es un herramienta que permite obtener una Identidad Electrónica Única (RUN y clave) para la realización de trámites en línea del Estado, eliminando así la necesidad de realizar múltiples registros para cada servicio, facilitando el acceso a diversos servicios mediante una autenticación común.

Para la autenticación en línea, las instituciones públicas disponen de una aplicación cuyo enrolamiento y verificación será realizado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y mediante la cual, los datos de identificación se transmiten de manera segura y confiable a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado.

Para poder iniciar el Procedimiento Concursal de Renegociación, es necesario que la Persona Deudora obtenga su “clave única”, que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación.

La Clave Única permite con una única contraseña, acceder a servicios en línea de diversas instituciones del Estado, de manera fácil y segura.

Para obtenerla, debe acercarse a cualquier oficina del Registro Civil con su carnet de identidad, donde le harán entrega de un comprobante correspondiente al “Código de Activación de Cuenta en Oficina Internet”.

Posteriormente, deberán ingresar al link que fue enviado a su correo electrónico (Asunto: Confirmación registro Oficina Internet-SRCeI) donde se le solicitará digitar el número de su Carnet de Identidad (RUN) y el “Código de Activación” disponible en el comprobante.

De manera alternativa, podrán ingresar directamente a www.registrocivil.cl y pinchar el link “Activar clave única”, en el menú del costado izquierdo.

Finalmente, se abrirá una ventana en la cual aparecerán sus datos: RUN, nombre completo y correo electrónico. En ésta, el sistema le solicitará ingresar una contraseña, que debe contener al menos 6 caracteres.

Para mayor información pueden consultar la página www.claveunica.cl.

Cumplidos los requisitos señalados precedentemente, la Persona Deudora podrá presentar, desde el 09 de octubre de 2014 ante esta Superintendencia, su solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Renegociación, cuyo formulario estará disponible en el sitio web de la Superintendencia y en las dependencias de ésta, acompañando:

a) Una declaración jurada con una lista de todas sus obligaciones (deudas),

b) Una declaración jurada de todos los ingresos que percibe,

c) Una declaración jurada con el listado de todos sus bienes, indicando aquellos que la ley declara inembargables y señalando sus gravámenes y prohibiciones, si correspondiere,

d) Una propuesta de renegociación de todas sus obligaciones,

e) Una declaración jurada en que conste que es Persona Deudora, conforme a lo señalado en la pregunta 3, y

f) Una declaración jurada en que conste que no se ha notificado de una demanda de liquidación o de cualquier otro juicio ejecutivo que no sea de origen laboral.

Nota: El formato de declaraciones juradas requeridas por la ley, se encontrará disponible en el sitio web de la Superintendencia a contar del 9 de octubre de 2014.

Con el objeto de facilitar el Procedimiento Concursal de Renegociación, la Superintendencia sugiere acompañar además los siguientes documentos:

a) Copia de la Cédula de identidad por ambos lados, tanto de la Persona Deudora como del apoderado o representante si corresponde.

b) Certificado de deudas.

c) Certificados de dominio vigente de los bienes sujetos a sistema de inscripción (por ejemplo: vehículos e inmuebles) y certificado de hipotecas, gravámenes, interdicciones y prohibiciones de los mismos.

d) Certificado de avalúo fiscal de los inmuebles que se declaran y tasación fiscal de los muebles que se declaran si corresponde.

e) Informe del Servicio de Impuestos Internos de las boletas de honorarios emitidas en los últimos 24 meses.

La Superintendencia analizará los antecedentes y en el caso que sean suficientes, dictará la correspondiente resolución de admisibilidad de su solicitud, en el plazo de 5 días, la que, una vez notificada a través del Boletín Concursal, le otorgará Protección Financiera Concursal, en los términos del artículo 264 de la Ley.

Analizados los antecedentes, la Superintendencia podrá:

1. Ordenarle que rectifique sus antecedentes o que entregue información adicional, en el plazo que la Superintendencia determine.

2. Declarar inadmisible su solicitud por las siguientes causales:

i. Improcedencia de la solicitud de inicio del procedimiento concursal de renegociación, por no cumplir la Persona Deudora con los requisitos exigidos en la ley.

ii. Incumplimiento de algunos de los antecedentes que se deben acompañar a la solicitud de inicio del procedimiento concursal de renegociación.

iii. Que el solicitante no haya subsanado los defectos o inconsistencias en el plazo fijado por la Superintendencia.

Es el periodo durante el cual:

1. No podrá solicitarse la liquidación del deudor, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento.

2. Se suspenderán los plazos de prescripción extintivas de las obligaciones del deudor.

3. No se continuarán devengando los intereses moratorios pactados en los actos o contratos vigentes suscritos por la Persona Deudora.

4. Los contratos suscritos por la Persona Deudora mantendrán su vigencia y condiciones de pago, sin que sea posible terminar el contrato fundado en el inicio del procedimiento.

Nota: Las líneas de crédito y sobregiro serán suspendidas.

5. La Persona Deudora, no podrá ejecutar actos ni celebrar contratos relativos a los bienes embargables que sean parte del procedimiento concursal de renegociación.

Los efectos de la Protección Financiera Concursal, se extinguirán con la publicación en el Boletín Concursal del acta que contiene el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución según sea el caso, y cuando se termine anticipadamente el procedimiento por resolución dictada por la Superintendencia.

Dictada la Resolución de Admisibilidad cualquier interesado podrá observar u objetar tanto el listado de créditos como el de bienes, presentado por la Persona Deudora.

Para estos efectos podrá presentar los documentos que fundamenten su petición presencialmente en la oficina de partes de la Superintendencia o remotamente a través de la Oficina de Partes Virtual que se encuentra en el link de servicios en línea de la página web de la Superintendencia.

El plazo para observar u objetar es hasta 3 días antes de la celebración de la Audiencia de Determinación del Pasivo.

La fecha de dicha audiencia quedará determinada en la Resolución de Admisibilidad que se publicará en el Boletín Concursal. En dicha audiencia se determinará el pasivo (a quienes le debe el deudor y cuánto), en base a los antecedentes adjuntados en su solicitud, y a las observaciones y objeciones que presenten sus acreedores y terceros interesados.

Acordado el pasivo de la Persona Deudora, la Superintendencia dictará una resolución en la que se citará a una audiencia de renegociación de sus deudas.

Cuando se acuerda la suscripción del correspondiente Acuerdo de Renegociación, sus obligaciones emanadas de los créditos que forman parte de dicho acuerdo, se entenderán extinguidas, novadas o repactadas, de acuerdo a los términos del Acuerdo de Renegociación.

Si usted no logra acuerdo en cuanto a su pasivo o respecto a la renegociación, la Superintendencia dictará una resolución en la que se citará a una Audiencia de Ejecución, en la que la Superintendencia presentará una propuesta de venta de todos sus bienes, la que se someterá a la votación de los acreedores y la Persona Deudora.

Si se logra un Acuerdo de Ejecución, éste contendrá la forma en que se venderán sus bienes y cómo se pagará a los acreedores.

Para la realización de sus bienes habrá un plazo máximo de 6 meses contados desde la publicación en el Boletín Concursal del Acuerdo de Ejecución.

Nota: Se hace presente que se entienden excluidos del acuerdo de ejecución todos aquellos bienes que la ley declara inembargables.

Si no se logra un acuerdo respecto de la forma de vender los bienes, la Superintendencia remitirá los antecedentes al tribunal correspondiente al domicilio de la Persona Deudora para el inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora.

El procedimiento puede terminar por el Acuerdo de Renegociación o por el Acuerdo de Ejecución adoptado por la Persona Deudora y sus acreedores.

Si el procedimiento termina por la suscripción del Acuerdo de Renegociación, las obligaciones respecto de los créditos que conforman dicho Acuerdo se entenderán extinguidas, novadas o repactadas, según lo acordado, y la Persona Deudora se entenderá rehabilitada para todos los efectos legales.

La Persona Deudora podrá solicitar a todo registro público o privado, la modificación, cancelación o bloqueo de la información, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

El procedimiento puede terminar de forma anticipada, en virtud de las siguientes causales:

i. Si la persona infringe la prohibición de celebrar actos o contratos relativos a los bienes embargables que sean parte del procedimiento concursal.

ii. Si deja de cumplir los requisitos para ser considerada Persona Deudora.

iii. Si no logra un acuerdo en la Audiencia de Ejecución.

iv. Si con posterioridad al inicio del procedimiento, aparecieran bienes no declarados por la Persona Deudora en los antecedentes.

En caso que la Persona Deudora, no cumpla con cualquiera de los acuerdos adoptados, sus acreedores contemplados en el Acuerdo de Renegociación podrán iniciar las acciones de cobro correspondientes ante el tribunal competente.

El tribunal civil competente para conocer de un Procedimiento Concursal de Liquidación, este es aquel correspondiente al domicilio de la Persona Deudora.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES DE LA PERSONA DEUDORA

Es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la Persona Deudora, con el objeto de propender al pago de sus acreedores.

Solo las Personas Deudoras, ante el tribunal civil competente, esto es, el de su domicilio.

Son Personas Deudoras:

c) Las personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 1 del decreto ley N.° 824, del Ministerio de Hacienda, de 1974, que aprueba la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es decir, las personas naturales sujetas a un contrato de trabajo.

d) Y los demás sujetos de crédito no comprendidos en la definición de empresas deudoras, que entrega el artículo 2 N.° 13 de la Ley. Esto es, cualquier persona natural sujeto de crédito tales como, dueñas de casa, estudiantes, jubilados, entre otros.

Nota: La Ley distingue entre el Procedimiento Concursal de Liquidación Forzosa, que es aquel que demanda un acreedor y el Procedimiento Concursal de Liquidación voluntario, aquel que solicita la Persona Deudora directamente.

Para poder publicar la demanda de Liquidación Forzosa de un Procedimiento Concursal de Liquidación de los bienes de la Persona Deudora vía web, es necesario que el solicitante obtenga su “clave única”, que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación.

La Clave Única permite con una única contraseña, acceder a servicios en línea de diversas instituciones del Estado, de manera fácil y segura.

Para obtenerla, debe acercarse a cualquier oficina del Registro Civil con su carnet de identidad, donde le harán entrega de un comprobante correspondiente al “Código de Activación de Cuenta en Oficina Internet”.

Posteriormente, deberán ingresar al link que fue enviado a su correo electrónico (Asunto: Confirmación registro Oficina Internet-SRCeI) donde se le solicitará digitar el número de su Carnet de Identidad (RUN) y el “Código de Activación” disponible en el comprobante.

De manera alternativa, podrán ingresar directamente a www.registrocivil.cl y pinchar el link “Activar clave única”, en el menú del costado izquierdo.

Finalmente, se abrirá una ventana en la cual aparecerán sus datos: RUN, nombre completo y correo electrónico. En ésta, el sistema le solicitará ingresar una contraseña, que debe contener al menos 6 caracteres.

Para mayor información pueden consultar la página www.claveunica.cl.

La Persona Deudora deberá presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal competente. Esta solicitud deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

a) Lista de sus bienes, lugar en que se encuentren y los gravámenes que les afecten.

b) Lista de los bienes legalmente excluidos de la Liquidación (bienes inembargables).

c) Enumeración de sus juicios pendientes con efectos patrimoniales.

d) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como de la naturaleza de sus créditos.

El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Persona Deudora, ante el tribunal competente, invocando la siguiente causal:

Que existen dos o más títulos ejecutivos vencidos contra la Persona Deudora, que provengan de obligaciones (deudas) distintas, encontrándose iniciadas a lo menos 2 ejecuciones (juicio ejecutivo) en contra de la Persona Deudora, y que no se hubiere presentado dentro de los 4 días siguientes al requerimiento, bienes suficientes para el pago de la prestación y sus costas.

Una vez admitida la demanda, el tribunal ordenará su publicación en el Boletín Concursal, para lo cual el acreedor solicitante deberá iniciar ante la Superintendencia un procedimiento para la publicación de la demanda de liquidación forzosa.

Posteriormente, el acreedor solicitante deberá, cuando corresponda, iniciar el Procedimiento de Nominación del Liquidador titular y suplente ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley.

Los requisitos son los siguientes:

a) Señalar la causal invocada y sus hechos justificativos,

b) Acompañar los siguientes antecedentes:

i. Los documentos o antecedentes escritos que acreditan la causal invocada,

ii. Vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 Unidades de Fomento para solventar los gastos iniciales del Procedimiento Concursal de Liquidación de los Bienes de la Persona Deudora.

iii. El nombre de los Liquidadores titular y suplente, para el caso que el Deudor no compareciere o no efectuare actuación alguna por escrito en la audiencia prevista en el artículo 284 de la Ley N° 20.720.

La Persona Deudora tendrá una instancia previa y oportuna para su defensa, antes de la Resolución de Liquidación en la que podrá:

a) Allanarse a la liquidación,

b) Consignar fondos suficientes,

c) Oponerse a la demanda de liquidación forzosa a través del Juicio de Oposición, durante el cual podrá invocar alguna de las causales contenidas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Paralelamente, se deberá iniciar el Procedimiento de Nominación del Liquidador titular y suplente ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley N.° 20.720.

Dictada la Resolución de Liquidación de bienes de la Persona Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación al deudor y sus bienes:

a) La Persona Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,

b) La Persona Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,

c) La Persona Deudora deberá comparecer en juicio, representada por el Liquidador,

d) La Persona Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privada del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.

e) En caso de negligencia del Liquidador, la Persona Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Se hace presente que sólo podrá embargarse la remuneración de la Persona Deudora hasta por 3 meses después de dictada la Resolución de Liquidación de los Bienes de la Persona Deudora.

Para determinar su pasivo (a quién le debo y cuánto), los acreedores deberán verificar ordinaria y extraordinariamente sus créditos ante el tribunal.

Paralelamente a la determinación del pasivo, se procederá a la venta de sus bienes, la cual se realizará en forma sumaria o simplificada, designando el Liquidador a un Martillero Concursal, quien será el encargado de rematar sus bienes muebles e inmuebles al martillo.

La Ley establece un plazo máximo de 4 meses para la venta de bienes de la Persona Deudora. Cumpliéndose los plazos fijados en la Ley N.° 20.720, el Procedimiento Concursal de Liquidación de la Persona Deudora, no debería durar más de 8 meses.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Los registros públicos o privados que publican información acerca de deudores, deben dar cumplimiento a la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.  Esta ley establece que los referidos registros no podrán comunicar la información relacionada con obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial en cuanto las obligaciones hayan sido repactadas, renegociadas o novadas o se encuentren con alguna modalidad pendiente. Asimismo tampoco podrán comunicarse aquellas deudas extinguidas legalmente.

En consecuencia, una Persona Deudora que se somete a un Procedimiento Concursal de Liquidación, podrá solicitar la eliminación de sus deudas extinguidas o renegociadas según los términos del respectivo acuerdo de renegociación,  de cualquier registro público o privado.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE REORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA DEUDORA

Es un procedimiento judicial, que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos de la Empresa Deudora, cuando ésta es viable.

Pueden someterse al Procedimiento Concursal de Reorganización, ante el tribunal competente, esto es, el del domicilio del Deudor, solo las Empresas Deudoras.

Son Empresas Deudoras:

a) Personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro,

b) Personas naturales contribuyentes de Primera Categoría, y

c) Personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Para poder iniciar el Procedimiento Concursal de Reorganización vía web, es necesario que la Empresa Deudora obtenga su “clave única”, que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación.

La Clave Única permite con una única contraseña, acceder a servicios en línea de diversas instituciones del Estado, de manera fácil y segura.

Para obtenerla, debe acercarse a cualquier oficina del Registro Civil con su carnet de identidad, donde le harán entrega de un comprobante correspondiente al “Código de Activación de Cuenta en Oficina Internet”.

Posteriormente, deberán ingresar al link que fue enviado a su correo electrónico (Asunto: Confirmación registro Oficina Internet-SRCeI) donde se le solicitará digitar el número de su Carnet de Identidad (RUN) y el “Código de Activación” disponible en el comprobante.

De manera alternativa, podrán ingresar directamente a www.registrocivil.cl y pinchar el link “Activar clave única”, en el menú del costado izquierdo.

Finalmente, se abrirá una ventana en la cual aparecerán sus datos: RUN, nombre completo y correo electrónico. En ésta, el sistema le solicitará ingresar una contraseña, que debe contener al menos 6 caracteres.

Para mayor información pueden consultar la página www.claveunica.cl.

La Empresa Deudora debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Reorganización, cuyo modelo se encontrará disponible en tribunales, en las dependencias de la Superintendencia y en el sitio web de la misma.

b) Acompañar ante el tribunal competente y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, según corresponda, los antecedentes exigidos por los artículos 55 y 56 de la Ley N.° 20.720, los que tienen por finalidad determinar el pasivo de la Empresa Deudora.

Las etapas son las siguientes:

a) Presentación ante tribunal competente la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal de Reorganización,

b) Solicitud de nominación de Veedor ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

c) Dictación por el tribunal de la resolución de reorganización/ inicio de la Protección Financiera Concursal,

d) Presentación de la propuesta de Acuerdo de Reorganización,

e) Etapa de verificación, objeción e impugnación de los créditos de los acreedores,

f) Junta de Acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización, y

g) Aprobación del Acuerdo de Reorganización Judicial.

Es aquel período de tiempo entre la dictación de la resolución de reorganización y el acuerdo de Reorganización otorgado a la Empresa Deudora sometida al Procedimiento Concursal de Reorganización, durante el cual no puede solicitarse ni declararse su liquidación, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento. Además, todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago. En consecuencia, no podrán terminarse anticipadamente en forma unilateral, exigirse anticipadamente su cumplimiento o hacerse efectivas las garantías contratadas, invocando como causal el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganización.

El deudor durante este período no podrá enajenar y/o gravar sus activos.

La Ley N.° 20.720 considera la participación de acreedores hipotecarios y prendarios para la adopción del Acuerdo de Reorganización Judicial. Al votar el acuerdo estos acreedores conservan sus preferencias.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán concurrir y votar en las distintas clases o categorías de acreedores que se constituyan para efectos de aprobar el acuerdo. En efecto, los acreedores hipotecarios y/o prendarios incluso podrán votar en la clase de los acreedores valistas, siempre que renuncien a sus preferencias.

El procedimiento puede terminar de dos formas:

a) Aprobado el Acuerdo de Reorganización, o

b) Rechazado el Acuerdo de Reorganización.

Cualquier acreedor, podrá solicitar el incumplimiento del Acuerdo ante el tribunal, en el plazo de un año. Declarado el incumplimiento del Acuerdo, se dará inicio al Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora.

El acuerdo de reorganización aprobado judicialmente, producirá la remisión, novación o repactación de todo o parte de los créditos, conforme lo acordado.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN PARA EMPRESAS DEUDORAS

Es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la Empresa Deudora con el objeto de propender al pago de sus acreedores cuando ésta no es viable.

Solo las Empresas Deudoras, ante el tribunal civil competente, esto es, el de su domicilio.

Son Empresas Deudoras:

d) Personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro,

e) Personas naturales contribuyentes de Primera Categoría, y

f) Personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es personas naturales que practican el ejercicio libre de la profesión.

Nota: La Ley regula el Procedimiento Concursal de Liquidación forzosa, que es cuando, lo demanda un acreedor y un Procedimiento Concursal de Liquidación voluntario, cuando lo solicita la Empresa Deudora directamente.

Para poder iniciar el Procedimiento Concursal de Liquidación vía web, es necesario que el solicitante obtenga su “Clave Única”, que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación.

La Clave Única permite con una única contraseña, acceder a servicios en línea de diversas instituciones del Estado, de manera fácil y segura.

Para obtenerla, debe acercarse a cualquier oficina del Registro Civil con su carnet de identidad, donde le harán entrega de un comprobante correspondiente al “Código de Activación de Cuenta en Oficina Internet”.

Posteriormente, deberán ingresar al link que fue enviado a su correo electrónico (Asunto: Confirmación registro Oficina Internet-SRCeI) donde se le solicitará digitar el número de su Carnet de Identidad (RUN) y el “Código de Activación” disponible en el comprobante.

De manera alternativa, podrán ingresar directamente a www.registrocivil.cl y pinchar el link “Activar clave única”, en el menú del costado izquierdo.

Finalmente, se abrirá una ventana en la cual aparecerán sus datos: RUN, nombre completo y correo electrónico. En ésta, el sistema le solicitará ingresar una contraseña, que debe contener al menos 6 caracteres.

Para mayor información pueden consultar la página www.claveunica.cl.

Si la Empresa Deudora decide iniciar un Procedimiento de Liquidación voluntaria, deberá presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal competente. Esta solicitud deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

a) Listado de sus bienes, lugar en que se encuentran y los gravámenes que les afectan,

b) Lista de los bienes legalmente excluidos de la liquidación,

c) Relación de sus juicios pendientes,

d) Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos,

e) Nómina de los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual, con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas y fueros en su caso, y

f) Si el Deudor llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance.

El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Empresa Deudora, ante el tribunal civil competente, invocando alguna de las siguientes causales:

a) Si la Empresa Deudora cesó en el pago de una obligación que consta en título ejecutivo con el acreedor solicitante,

b) Si Existen dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones contra la Empresa Deudora y ésta no hubiere presentado dentro de los cuatro días siguientes a los respectivos requerimientos, bienes suficientes, y

c) Cuando la Empresa Deudora o sus administradores no son habidos, dejando cerradas sus oficinas o establecimientos, sin haber nombrado mandatario con facultades suficientes para cumplir con sus obligaciones o contestar nuevas demandas.

Una vez admitida la demanda, el tribunal ordenará su publicación en el Boletín Concursal, para lo cual el acreedor solicitante deberá iniciar ante la Superintendencia un procedimiento para la publicación de la demanda de liquidación forzosa.

Posteriormente, el acreedor solicitante deberá cuando corresponda, iniciar el Procedimiento de Nominación del Liquidador titular y suplente ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley.

La demanda deberá señalar la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañar los siguientes antecedentes:

a) Documentos o antecedentes escritos que acrediten la causal,

b) Vale vista o boleta bancaria equivalente a 100 UF. para subvenir los gastos iniciales del procedimiento,

c) Designación del Veedor para que supervigile la actividad de la Empresa Deudora, si procede el juicio de oposición.

d) Nombre del Liquidador titular y suplente, en caso que la Empresa Deudora no comparezca a la audiencia inicial.

Si sus acreedores solicitan su liquidación, la Empresa Deudora tendrá una instancia previa y oportuna para su defensa, antes de la resolución que ordena la apertura del procedimiento, donde la Empresa Deudora podrá:

d) Allanarse a la liquidación,

e) Consignar fondos suficientes,

f) Acogerse al procedimiento concursal de reorganización, o

g) Oponerse a la demanda de liquidación forzosa a través del Juicio de Oposición, donde podrá invocar alguna de las causales contenidas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Paralelamente, se deberá iniciar el Procedimiento de Nominación del Liquidador titular y suplente ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley.

Dictada la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación al deudor y sus bienes:

f) La Empresa Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,

g) La Empresa Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,

h) La Empresa Deudora deberá comparecer en juicio, representado por el Liquidador,

i) La Empresa Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privado del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.

j) En caso de negligencia del Liquidador, la Empresa Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Para determinar su pasivo (a quién le debo y cuánto), los acreedores deberán verificar ordinaria y extraordinariamente sus créditos ante el tribunal.

Paralelamente a la determinación del pasivo, la Junta de Acreedores determinará la forma de realización (venta) de los bienes del Deudor. Sin perjuicio de lo anterior, la ley señala fórmulas ordinarias de realización de los bienes, Estas son:

a) La venta al martillo de los bienes muebles e inmuebles,

b) Remate en bolsa de valores mobiliarios con presencia bursátil.

c) Otra forma distinta de realización de bienes, incluyendo entre ellas la venta como unidad económica y la oferta de compra directa.

La Ley establece plazos máximos de realización (venta) de bienes muebles e inmuebles de 4 y 7 meses respectivamente, ampliables con la autorización de la Superintendencia.

Cumpliéndose los plazos establecidos por la Ley, el Procedimiento Concursal de Liquidación de la Empresa Deudora no debería durar más de 12 meses.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Empresa Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Los registros públicos o privados que publican información acerca de deudores, deben dar cumplimiento a la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.  Esta ley establece que los referidos registros no podrán comunicar la información relacionada con obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial en cuanto las obligaciones hayan sido repactadas, renegociadas o novadas o se encuentren con alguna modalidad pendiente. Asimismo tampoco podrán comunicarse aquellas deudas extinguidas legalmente.

En consecuencia, una Empresa Deudora que se somete a un Procedimiento Concursal de Liquidación, podrá solicitar la eliminación de sus deudas extinguidas o renegociadas según los términos del respectivo acuerdo de renegociación,  de cualquier registro público o privado.