La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento es un servicio público, autónomo, con personalidad jurídica propia y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
1929: Creación de la Sindicatura General de Quiebras, organismo auxiliar de los Tribunales de Justicia encargado de administrar los bienes y pagar las deudas de personas caídas en falencia comercial por cesación de pagos a sus acreedores.
1979: La institución se reorganiza para depender directamente del Ministerio de Justicia y pasa a llamarse Sindicatura Nacional de Quiebras. Su estructura queda integrada por una Contraloría Interna, Fiscalía y los Departamentos Administrativo, de Estudios Económicos y de Quiebra.
1982: Se establece la Fiscalía Nacional de Quiebras, persona jurídica de carácter autónomo, duración indefinida y relacionada con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. La jefatura superior del servicio correspondería a un Fiscal Nacional de Quiebras.
2002: En el marco de la Reforma Procesal Penal, y de acuerdo con las nuevas normas legislativas contempladas en la Ley 19.806, la institución finalmente es elevada a la categoría de Superintendencia de Quiebras.
2005: La Ley 20.004 entrega a la Superintendencia de Quiebras fundamentales atribuciones para ejercer su rol fiscalizador y regulador de la sindicatura privada.
2014: Se publica la Ley Nº 20.720 de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, y se crea la nueva Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Asimismo, la Superintendencia comienza a relacionarse con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
2023: Se publica la Ley Nº 21.563 que modernizó los procedimientos concursales de la Ley N° 20.720, creando procedimientos simplificados para micro y pequeñas empresas, permitiendo la renegociación a deudores que emiten boletas de honorarios, entre otras modificaciones.
