Archivo del Autor: Paola Gutierrez

Superintendencia y CIE acuerdan trabajo en conjunto

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21 de diciembre de 2015.

Santiago. En dependencia del Comité de Inversiones Extranjeras (CIEChile) se realizó un encuentro entre el Superintendente (TP), Andrés Pennycook Castro, y Vicepresidente Ejecutivo de dicha institución, Vicente Mira.

En la ocasión acordaron trabajar en orientaciones futuras a inversionistas extranjeros, respecto de las normas que rigen la insolvencia en Chile. Destacando la participación de nuestro país en el Grupo de Trabajo V sobre el Régimen de la Insolvencia de UNCITRAL y la adopción de Chile a la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza en la Ley 20.720, con objeto de dar mayor seguridad en el comercio y las inversiones internacionales.

Superintendencia de insolvencia y Reemprendimiento

Realizan balance de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento en la región del Bío Bío

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Más de 1000 personas se han acercado a la oficina de la SIR regional a solicitar información sobre los nuevos procedimientos concursales desde que la normativa entró en vigencia el 9 de octubre de 2014.
Concepción, 15 de julio de 2015.
La Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro Araneda, junto al coordinador regional de la SIR, Alejandro Elgueta Sanhueza, realizaron un balance de los primeros 9 meses de vigencia de la Ley N° 20.720.

La Superintendenta señaló que “existe un alto interés y una buena recepción por parte de la ciudadanía, respecto de la Ley, lo que se ha manifestado a través de la concurrencia a las oficinas de la SIR en la región. Esto demuestra que esta ley se está traduciendo en una herramienta útil, para personas como para empresas”.

Asimismo, manifestó su satisfacción del balance de los primeros meses y explicó que “una de las principales novedades de la ley es la renegociación de la persona deudora, que consiste en un procedimiento administrativo y gratuito, que permite la solución al sobreendeudamiento o insolvencia, sobre la base de acuerdos con sus acreedores, actuando la Superintendencia como facilitadora”.

Respecto a los procedimientos de renegociación -en los que la Superintendencia actúa como facilitadora de acuerdos entre el deudor y sus acreedores-, se han presentado 109 solicitudes de Renegociación. De estas solicitudes, a la fecha 5 han sido declaradas admisibles.

Los requisitos para acceder a este procedimiento son: tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos, y que en total sumen más de 80 U.F. ($1,9 millón) y no haber sido notificada de una demanda de Liquidación Forzosa o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra.

“Es importante tener presente que los procedimientos que culminan exitosamente son aquellos en que el deudor tiene una intención real y seria de cumplir con sus obligaciones, para lo cual debe declarar con transparencia su situación financiera, especificando las deudas contraídas y los bienes que posee y ajustar su propuesta de renegociación a su real capacidad de pago”, enfatizó Montenegro.

Cabe destacar que 4 procedimientos de Renegociación han terminado exitosamente, lo que significa que estas personas renegociaron sus deudas vigentes de acuerdo a su verdadera capacidad de pago, lo que les permitirá cumplir oportunamente con sus obligaciones y solicitar la modificación o eliminación del registro de sus deudas renegociadas o extinguidas al Boletín Comercial o DICOM.

En lo que respecta a los procedimientos judiciales, se encuentran en tramitación 17 procedimientos, correspondientes a 1 Reorganización de Empresa Deudora, 12 Liquidaciones de Empresas Deudoras y 4 Liquidaciones Voluntarias de Bienes de Personas Deudoras.

Igualmente, el Coordinador Regional de la SIR, Alejandro Elgueta Sanhueza, hizo un llamado a los ciudadanos a informarse sobre la Ley, para así acceder a los beneficios que ésta ofrece, a través de la página web institucional o acercarse a la oficina regional de la SIR ubicada en la calle Castellón N°435, 1º piso, en la ciudad de Concepción, en dependencias del Instituto de Previsión Social – IPS.

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Durante la visita, la Superintendenta se reunió con la Directora Regional del IPS, Patricia Saldias Carreño, como se aprecia en la fotografía.

Posteriormente visitó al Intendente de la Región del Bío Bío, Rodrigo Díaz Worner; el Presidente Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes; el Seremi de Justicia, Jorge Cáceres Méndez ; la Seremi (s) de Economía, Damaris Hernández y el Director (S) de la CAJ Bío Bío, Mauricio Vergara Cangas.

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Finalmente, se efectuó una charla de la Ley Nº 20.720, organizada en conjunto con la CAJ Bio Bío en el Auditorio de la Contraloría General de la República, que contó con la presencia de funcionarios de la corporación, Jueces y Secretarios de Tribunales Civiles, abogados del Consejo de Defensa del Estado y estudiantes de Escuelas de Derecho de la Región.

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Ley 20.818 entró hoy en vigencia

20150226 TITULAR LEY 20818 Sector público podrá reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Nueva normativa anti lavado faculta a más de 1.000 servicios y órganos del Estado -entre ministerios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- a informar a la UAF. Delito tributario, contrabando, estafas y fraude de subvenciones, asociación ilícita, entre otros, se suman al catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos.
  • «Se fijan nuevos estándares de transparencia para nuestra economía», dijo el ministro (s) de Hacienda, Alejandro Micco.
  • «Esta Ley acerca la legislación chilena a los más altos estándares internacionales sobre la materia», destacó el director de la UAF, Javier Cruz.

 

Santiago, 18 febrero 2015. A contar de hoy, más de 1.000 servicios y órganos públicos están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todas las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, luego que el Ministerio de Hacienda publicara en el Diario Oficial la LeyN° 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, introduciendo con ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó la UAF.

La nueva Ley no sólo aumenta las atribuciones de la UAF para prevenir e impedir que el sistema financiero chileno, y otros sectores de la actividad económica, sean utilizados para lavar dinero, sino también incluye normas para evitar el financiamiento del terrorismo, entre las que destaca el congelamiento y retención de activos de las personas que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

«Con este nuevo marco legal, el país aumenta significativamente su capacidad de análisis y control para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, fijando nuevos estándares en materia de transparencia para nuestra economía», dijo el ministro (s) de Hacienda, Alejandro Micco.

La iniciativa, que se originó en una moción de 7 diputados que, en agosto de 2006, buscaron levantar el secreto bancario para las investigaciones de lavado de activos, fue patrocinada por el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y aprobada en su segundo mandato. Durante su discusión recibió diversas indicaciones para fortalecer la normativa vigente, acogiendo las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, hoy Gafilat) había planteado en sus evaluaciones a Chile de los años 2006 y 2010. Tras 8 años de trámite, el Parlamento despachó el proyecto el 10 de diciembre pasado.

“Desde el año 2006 que no se actualizaba nuestra normativa anti lavado. Por tanto, esta Ley acerca la legislación chilena a los más altos estándares internacionales sobre la materia, establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI); fortalece nuestro sistema de prevención, fiscalización y sanción del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y potencia la cooperación entre el sector público y privado para combatir ambos delitos», destacó el director de la UAF, Javier Cruz.

Agregó que «el beneficio de esta Ley es que ahora podremos proteger mejor al país, y a nuestra economía, de los nefastos perjuicios sociales, económicos, financieros y reputacionales que provocan tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo (LA/FT)”.

Entre otros puntos, el cuerpo legal:

– Aumenta el número de entidades privadas obligadas a informar a la UAF sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, que detecten en el ejercicio de su actividad (se incluyen las bolsas de productos y otras que sean supervisadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las organizaciones deportivas profesionales, las representaciones de bancos extranjeros y las empresas de depósito de valores).

– Precisa que todos los sujetos supervisados también deberán informar sobre las operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

– Faculta a las superintendencias y demás servicios y órganos públicos a informar sobre operaciones sospechosas de LA/FT, que adviertan en el ejercicio de sus funciones, sin estar sujetos a sanciones.

– Reduce el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que las entidades privadas supervisadas deben informar a la UAF, desde 450 Unidades de Fomento a 10.000 dólares de Estados Unidosde América, o su equivalente en pesos chilenos.

– Posibilita a los fiscales del Ministerio Público, con autorización de un juez de garantía, requerir el alzamiento del secreto bancario en las investigaciones de LA/FT.

– Amplía el catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos, al agregar el contrabando, los delitos en contra de la propiedad intelectual, la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las actuaciones con el Banco Central o en las operaciones de cambios internacionales, la asociación ilícita, la comercialización de material pornográfico (en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años), las estafas y fraude de subvenciones, y el delito tributario por la devolución improcedente de créditos fiscales.

– Permite al Servicio Nacional de Aduanas retener hasta el 30% del efectivo sobre US$ 10.000 en efectivo que no sea declarado por una persona al momento de ingresar al país, o el 100% de los instrumentos negociables al portador.

– Establece el congelamiento y retención de activos de las personas vinculadas al financiamiento del terrorismo, que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Coordinadora difunde Ley en Chile Chico

20150220 TITULAR CHILECHICO Junto con realizar la atención a       público, los coordinadores regionales SIR realizan una correcta difusión de los procedimientos de la Ley 20.720.

Chile Chico. 18 de febrero de 2015.

Con el fin de dar a conocer la normativa la coordinadora de la región de Aysén, Tamara Villegas Redlich, sostuvo reuniones con autoridades locales y realizó charla sobre la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento

En la ocasión, se reunió con el Juez de Letras (s) don Oscar Pacheco Pacheco. Asimismo, efectuó capacitación a la abogada jefe del Consultorio de la Caj Chile Chico, Priscila Pisón, y a funcionarios de la Gobernación Provincial General Carrera.

magistrado chile chico