26 de octubre de 2026.
Ancud. En el Salón de Honor de la Ilustre Municipalidad de Ancud, el Coordinador Regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) Los Lagos, Fernando Fuentes, lideró un conversatorio sobre la Ley N.º 20.720. El encuentro, presidido por el alcalde de la comuna, Andrés Ojeda Care, estuvo dirigido a representantes de gremios y empresarios/as locales. La instancia se enfocó en la reactivación económica, las alternativas frente al sobreendeudamiento, el emprendimiento comunal y la protección de los derechos laborales.
Durante la jornada, el abogado de la Superintendencia detalló los Procedimientos Concursales de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas, explicando las herramientas judiciales disponibles en situación de insolvencia.
Al respecto, el abogado puntualizó que, si el deudor o deudora diagnostica que su empresa es viable, puede solicitar judicialmente una Reorganización Ordinaria o Simplificada, la cual tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos con el acuerdo de sus acreedores para mantener en funcionamiento su unidad productiva. Por otro lado, el Coordinador Regional explicó que, si se observa que la empresa es inviable, la Liquidación permite cerrarla formalmente en un plazo breve, lo que le da la oportunidad al deudor de rehabilitarse y reemprender.
Finalmente, el personero destacó que la normativa, vigente desde el 9 de octubre de 2014, introdujo mejoras sustanciales para los/as trabajadores/as de empresas en crisis mediante dos grandes ventajas. El beneficio directo está dado por la creación de una causal específica de término del contrato de trabajo, lo que elimina la incertidumbre sobre los motivos del fin de la relación laboral. En tanto, el beneficio indirecto facilita los acuerdos de Reorganización y las ventas de la empresa como unidad económica, manteniéndose en consecuencia el empleo. Con estas medidas, la ley otorga certeza jurídica a los/as colaboradores/as sobre su situación laboral, garantizando y facilitando el ejercicio oportuno de sus derechos ante un escenario de insolvencia económica.
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