Archivo del Autor: Daniela Sepúlveda

Abogados de la Superir capacitan a funcionarios del Segundo Juzgado de Letras de Coronel en Ley de Insolvencia

31 de julio de 2026.

 

Coronel. Con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y actualizar conocimientos sobre la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, abogados de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) realizaron una capacitación dirigida a funcionarios y funcionarias del Segundo Juzgado de Letras de Coronel, de la Región del Biobío.

 

La actividad estuvo a cargo de los abogados Pablo Cornejo, Julián Vives, Javier Ramos y Maximiliano Acevedo, quienes expusieron sobre las principales modificaciones introducidas por la Ley N.º 21.563, publicada en 2023, que reformó la Ley N.º 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas.

 

Durante la jornada se analizaron los mecanismos que contempla la normativa para apoyar a micro y pequeñas empresas (MIPEs) y a personas naturales que enfrentan dificultades financieras, entregando herramientas prácticas sobre los procedimientos concursales vigentes.

En ese contexto, el abogado del Subdepartamento Legal y Normativo, Julián Vives, presentó la exposición «Procedimientos Simplificados para MIPEs y Personas», en la que explicó las alternativas que ofrece la legislación para facilitar procesos concursales más ágiles, accesibles y de menor costo para pequeños emprendedores y personas deudoras.

 

A su vez, Pablo Cornejo, encargado de la Unidad de Coordinación de Audiencias y Asistencia Regional del Subdepartamento de Renegociación, expuso sobre «Ley N.º 20.720 y sus principales modificaciones. Aplicación práctica», abordando la implementación de la normativa y su aplicación en el trabajo conjunto entre la Superintendencia y los tribunales de justicia.

 

Los expositores destacaron que la Ley N.º 21.563 fortaleció el principio de buena fe en los procedimientos concursales, reforzando la transparencia y estableciendo sanciones para quienes oculten patrimonio. Asimismo, incorporó medidas para modernizar la tramitación, como la realización de juntas de acreedores de forma remota y la enajenación de bienes muebles mediante plataformas electrónicas.

 

Cabe recordar que el 11 de agosto de 2023 entró en vigencia esta reforma, que creó procedimientos simplificados para ampliar el acceso de personas y empresas de menor tamaño a mecanismos de reorganización, renegociación y liquidación, favoreciendo acuerdos de pago con sus acreedores.

 

La actualización legal también amplió el acceso al procedimiento gratuito de Renegociación de la Persona Deudora a quienes emiten boletas de honorarios y enfrentan una situación de sobreendeudamiento, permitiendo que este grupo pueda acceder a una alternativa distinta a la liquidación para superar sus dificultades económicas.

 

La Oficial Primero del Segundo Juzgado de Letras de Coronel, Melany Roberts, destacó la importancia de este tipo de instancias de formación. «Estas actividades son muy relevantes porque fortalecen la coordinación interinstitucional, permiten unificar criterios y actualizar conocimientos sobre una normativa que tiene un impacto directo en las personas y las empresas. Esperamos mantener este trabajo colaborativo y continuar desarrollando capacitaciones que contribuyan a una mejor aplicación de la ley y a una atención más eficiente para los usuarios», señaló.

Javier Ramos, Coordinador Regional Superir Biobío

 

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Más de 8 mil personas y empresas iniciaron procedimientos concursales en primer semestre 2026

31 de julio de 2026.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en la primera mitad de este año se evidenció un incremento de las solicitudes de acceso a procedimientos de Renegociación de personas deudoras (131%), y de liquidación de bienes de personas (23%). La autoridad destacó el mayor conocimiento de las personas sobre la existencia de mecanismos que les permiten enfrentar, a tiempo, situaciones de sobreendeudamiento.

Santiago. Un total de 8.047 procedimientos concursales de personas y empresas se registraron entre enero y junio de 2026, según el último Reporte Estadístico Semestral de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir). Del total, el 47,4% correspondió a Renegociación de la Persona Deudora; el 47,1%, a Liquidación de Bienes de Personas; el 5,1%, a Liquidación de Activos de Empresas, y el 0,3%, a Reorganización de Empresas.

Las solicitudes de Renegociación fueron las que más crecieron en el semestre, al totalizar 3.817 casos admitidos, un alza de 131% respecto de igual período de 2025 —2.168 solicitudes adicionales—. En cuanto al perfil de estos deudores, el 50% tiene ingresos mensuales superiores a $1,75 millones y siete de cada diez emiten boletas de honorarios. Según género, el 54% corresponde a hombres y el 46% a mujeres. La mayoría de los solicitantes (62%) tiene entre 30 y 44 años.

Respecto del tipo de deuda renegociada, el 58% de los pasivos de quienes acceden a este procedimiento y logran acuerdo corresponde a créditos de consumo (57,04%) y automotriz (1,35%). Considerando estas obligaciones, el monto promedio de deuda per cápita se sitúa en $44,6 millones: $49,6 millones en el caso de los hombres y $38,7 millones en el de las mujeres.

Como reflejo de esta mayor demanda, entre enero y junio la Superintendencia facilitó más de 4.400 audiencias vinculadas al procedimiento de Renegociación entre deudores y acreedores, de las cuales 2.526 fueron de Determinación del Pasivo y 1.946, de Renegociación. La tasa de acuerdo en estas últimas alcanzó el 97,7% de los casos, lo que refleja la efectividad del mecanismo para facilitar soluciones entre las partes.

La Superintendenta (S) de Superir, Johana Álvarez, destacó estos resultados como una muestra del mayor conocimiento de la ciudadanía sobre los procedimientos concursales disponibles para enfrentar a tiempo el sobreendeudamiento. «La evolución de las cifras durante el primer semestre confirma la consolidación del uso del procedimiento de Renegociación por parte de personas que buscan una solución para cumplir adecuadamente con sus obligaciones, mejorando condiciones de plazo y montos, y evitando caer en impago», señaló.

La autoridad agregó que «esta mayor demanda desafía operativamente a Superir, por lo que hemos tomado medidas para fortalecer nuestras capacidades, tales como la optimización de procesos, la creación de nuevas unidades y el desarrollo de nuevas herramientas de gestión, que nos permitan mantener los estándares de calidad y eficacia esperados por la ciudadanía y los distintos actores del sistema concursal».

En cuanto a la Liquidación de Bienes de Personas, el reporte da cuenta de 3.791 procedimientos iniciados, un aumento de 23% respecto de igual período de 2025, equivalente a 708 casos adicionales. El perfil de quienes recurrieron a este mecanismo muestra que el 62% tiene entre 30 y 44 años, y que un 56% registra ingresos superiores a $1 millón mensual, lo que evidencia una alta participación de personas económicamente activas que enfrentan problemas de sobreendeudamiento.

Situación de las empresas

Durante el primer semestre se iniciaron 411 procedimientos de Liquidación de Activos de Empresas, un 28% más que en igual período de 2025. De ese total, 359 correspondieron a micro y pequeñas empresas, y 52, a medianas y grandes. Por actividad económica, el comercio concentró el mayor número de liquidaciones (31%), seguido por la industria manufacturera (22%) y la construcción (13%).

Los datos de Superir también muestran el inicio de 28 procedimientos de Reorganización de empresas, un 40% más que en igual período de 2025. De ellos, 15 correspondieron a micro y pequeñas empresas, y 13, a medianas y grandes. Los sectores de comercio e industrias manufactureras concentraron el 64% de estos casos.

Para más información sobre procedimientos concursales ingresa al Observatorio Estadístico en el sitio web de Superir en este LINK.

 

Mujeres del Programa Jefas de Hogar de Río Bueno conocen herramientas para enfrentar el sobreendeudamiento

31 de julio de 2026.

Río Bueno. Con el objetivo de promover la educación financiera y difundir las herramientas que dispone la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) para apoyar a las personas que enfrentan dificultades económicas, el Coordinador Regional de Los Ríos, Horacio Fernández, realizó una charla dirigida a usuarias y coordinadoras del Programa Mujeres Jefas de Hogar de la Municipalidad de Río Bueno.

La actividad permitió acercar a las participantes información sobre los Procedimientos Concursales para Personas Deudoras, establecidos en la Ley N.º 20.720, y la Asesoría Económica de Insolvencia, contemplada en la Ley N.º 20.416, mecanismos que buscan prevenir y abordar situaciones de sobreendeudamiento.

Durante la jornada, explicó los requisitos, beneficios y alcances del Procedimiento de Renegociación para Personas Deudoras, destacando que se trata de un proceso administrativo, voluntario y gratuito, en el que la Superintendencia actúa como facilitadora para que las personas puedan alcanzar acuerdos de pago con sus acreedores, evitando un proceso judicial.

Asimismo, presentó estadísticas sobre la utilización de esta herramienta y el perfil de las personas que han accedido al procedimiento, resaltando la importancia de conocer las alternativas que entrega la legislación para enfrentar situaciones de insolvencia.

La actividad también contempló la presentación de la plataforma de educación financiera Tenla Clara, iniciativa de Superir orientada a personas y micro y pequeñas empresas (MIPEs). A través de este sitio web, los/as usuarios/as pueden acceder a contenidos educativos y utilizar calculadoras financieras que les permiten evaluar su situación económica y tomar decisiones informadas para mejorar la administración de sus finanzas.

Esta jornada de difusión se desarrolló en coordinación con la Municipalidad de Río Bueno, en el marco del Programa Mujeres Jefas de Hogar, iniciativa ejecutada junto al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), que busca fortalecer la autonomía económica de las participantes mediante acciones de capacitación, empleabilidad y apoyo al emprendimiento.

Abogado de la Superir expuso en el II Seminario de Jóvenes Investigadoras e Investigadores de Derecho Administrativo

30 de julio de 2026.

Santiago. La Asociación de Derecho Administrativo de Chile (ADAD), en conjunto con la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, organizó el II Seminario de Jóvenes Investigadoras e Investigadores de Derecho Administrativo, instancia académica destinada a promover la investigación y el intercambio de ideas sobre los principales desafíos del Derecho Administrativo.

En este contexto, el abogado del Departamento Jurídico participó como expositor presentando la ponencia titulada «El decaimiento del procedimiento administrativo sancionador», investigación jurídica de su autoría basada en el trabajo final desarrollado en el marco del Diplomado en Sanciones Administrativas impartido por la Universidad de los Andes, el cual obtuvo la máxima calificación y será publicado próximamente en una obra colectiva de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile (ADAD). En dicha investigación analizó la evolución jurisprudencial del decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, con especial referencia a los criterios desarrollados por la Excma. Corte Suprema y a los desafíos que esta institución plantea para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.

Consultado sobre esta experiencia, Felipe García Gómez señaló que “participar como expositor en este seminario constituyó una excelente oportunidad para compartir una investigación jurídica con destacados académicos y, al mismo tiempo, visibilizar el trabajo que desarrolla la Unidad de Procedimientos y Normativa del Subdepartamento Jurídico de la Superir, puesto que la experiencia adquirida en la tramitación de procedimientos administrativos sancionatorios permite abordar estas materias desde una perspectiva práctica, fortaleciendo el intercambio entre la academia y la Administración Pública y contribuyendo a la reflexión sobre los desafíos que enfrenta actualmente el Derecho Administrativo Sancionador”.

 

 

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