La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento reportó un crecimiento de 146% en las Renegociaciones de Personas Deudoras, ejecutó más de 10.000 acciones de fiscalización y presentó sus principales ejes de acción para el período 2026-2027
La Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento (S), Johana Álvarez Ahumada, presentó esta mañana la Cuenta Pública Participativa de la institución, destacando los principales resultados de gestión institucional 2025, la que estuvo marcada por un fuerte aumento en la demanda de procedimientos concursales, particularmente en materia de personas deudoras, e importantes avances en optimización de procesos, fiscalización, regulación y modernización institucional.
En su exposición, la Superintendenta (S) destacó la evolución que ha experimentado el sistema concursal chileno, resaltando el creciente uso de los procedimientos contemplados en la Ley N.º 20.720 por parte de la ciudadanía para enfrentar situaciones de insolvencia y sobreendeudamiento. Reflejo de ello fue el aumento de 146% en las Renegociaciones de Personas Deudoras, y de 44% en las Liquidaciones de Personas. En este escenario, los esfuerzos del Servicio durante el 2025 estuvieron enfocados en “fortalecer su capacidad operativa, reorganizar equipos, optimizar procesos e impulsar mejoras regulatorias y de gestión con el objetivo de responder de manera más eficiente a las nuevas exigencias del sistema”, precisó Johana Álvarez.
Lo anterior fue acompañado de una intensa actividad fiscalizadora sobre los sujetos bajo supervisión: Liquidadores, Veedores, Asesores Económicos de Insolvencia, Martilleros Concursales, Interventores, Administradores de la Continuación de Actividades Económicas y Síndicos de Quiebras, del antiguo sistema. A través de la profundización del modelo de fiscalización basada en riesgos, en 2025 Superir realizó más de 10.066 acciones de fiscalización, tramitó 28 procedimientos sancionatorios aplicando sanciones por más de 4.500 UTM, impulsó el perfeccionamiento de la normativa concursal y desarrolló iniciativas de transformación digital e innovación, obteniendo el mejor resultado de su historia en el Índice de Innovación Pública, al subir 27,4 puntos respecto de la medición anterior.
La Superintendenta también destacó las cifras de atención ciudadana y servicios digitales. En 2025 se realizaron más de 23 mil atenciones directas, siendo el 63% presenciales; y se gestionaron cerca de 100 mil trámites a través de la plataforma MiSuperir, de los cuales más de 22 mil corresponden a trámites vinculados a solicitudes de renegociación.
En la misma línea, la autoridad resaltó el fortalecimiento de la labor de difusión y educación financiera que desarrolló el servicio, a través de 96 charlas regionales y la ejecución de más de 70 operativos de atención en coordinación con municipios y otros organismos públicos. Asimismo, la institución consolidó su vinculación internacional, ampliando su participación en redes y foros, destacando la realización -por primera vez en Chile y Sudamérica-, de la Conferencia Anual de la Asociación de Reguladores de Insolvencia (IAIR) 2025, que reunió en Santiago a representantes de 30 países.
Por último, Johana Álvarez, destacó el avance de la institución en la elaboración de su primer Compendio Normativo, iniciativa destinada a sistematizar y modernizar la regulación administrativa vigente, fortaleciendo la accesibilidad y coherencia del marco regulatorio. “Ninguno de estos avances habría sido posible sin el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio de las funcionarias y funcionarios de la SUPERIR, quienes demostraron una enorme capacidad de adaptación frente a un escenario de alta exigencia. Su esfuerzo permitió dar continuidad a funciones esenciales para el adecuado funcionamiento del sistema concursal y aportar al desarrollo económico del país”, enfatizó la Superintendenta (S).
Crecimiento de procedimientos concursales
Durante 2025 se registraron 9.651 solicitudes de Renegociación de la Persona Deudora, de las cuales 4815 fueron declaradas admisibles. Este procedimiento permite a las personas deudoras acordar nuevas condiciones de pago con sus acreedores respecto de sus obligaciones, constituyéndose en una herramienta que cada año contribuye a la recuperación financiera de miles de personas.
La Superintendenta (S) señaló que esta alza responde, por una parte, al mayor conocimiento ciudadano sobre este procedimiento y, por otra, a la materialización de los efectos de las modificaciones introducidas por la Ley N.º 21.563, en el año 2023, que amplió el acceso al mecanismo de Renegociación de la Persona Deudora a quienes emiten boletas de honorarios. Actualmente, siete de cada diez usuarios del procedimiento corresponden a personas de este perfil.
El procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora implicó, además, la dictación de 18.893 resoluciones exentas vinculadas a su tramitación, lo que representa un aumento de 43% respecto de 2024. Asimismo, la Superintendencia llevó a cabo más de 4.800 audiencias, en las que actúa como facilitadora entre las personas deudoras y sus acreedores. La Superintendenta (S) destacó que la tasa de éxito de estas audiencias -entendida como aquellas en que las partes alcanzan un acuerdo- supera el 98%, lo que evidencia la efectividad de este mecanismo para facilitar acuerdos entre las personas deudoras y sus acreedores y contribuir a la recuperación de su estabilidad financiera.
Entre las medidas tomadas para enfrentar este volumen de acciones, destacó la emisión de la nueva Norma de Carácter General N.º 28, que adecuó la norma que rige a la Renegociación de la persona deudora a la exigencia de la demanda actual, a través de la simplificación de requisitos y la facilitación del acceso de la ciudadanía al procedimiento. La Superintendenta (S) precisó que estos cambios, junto a otras medidas de optimización de los flujos de trabajo y mejoras a los sistemas informáticos, han mejorado el tiempo de tramitación reduciendo en 41% el tiempo promedio de examen de admisibilidad, y manteniendo la tasa de éxito sobre 98%.
En cuanto a las Liquidaciones de Personas, estas aumentaron 44% en 2025 respecto de 2024, registrando un total de 6.795 procedimientos.
Por su parte, en 2025 se iniciaron 681 procedimientos de Liquidación de Empresas, un 4% más que el año anterior. En tanto, las Reorganizaciones de Empresas, totalizaron 41 procedimientos durante el periodo, -41% frente a 2025.
“Vemos una consolidación de las herramientas diseñadas para empresas de menor tamaño. Tanto los Procedimientos Simplificados como las Asesorías Económicas de Insolvencia están permitiendo que más emprendedores y empresas accedan a soluciones oportunas y acordes a su realidad financiera”, señaló Álvarez.
Prioridades institucionales para 2026-2027
Al término de su presentación, la Superintendenta (S) expuso las principales prioridades estratégicas de la Institución, destacando el fortalecimiento de la Renegociación de la Persona Deudora, el perfeccionamiento y modernización del marco normativo, la transformación digital, la consolidación de un modelo de supervisión basado en riesgos y en datos, el fortalecimiento institucional y la educación financiera.
Asimismo, señaló que la Institución impulsará una nueva etapa de transformación digital, fortaleciendo su infraestructura tecnológica, la gobernanza de los datos y la ciberseguridad, con el propósito de mejorar la eficiencia de los procesos institucionales y la calidad y oportunidad de los servicios que entrega a la ciudadanía. “Nuestro compromiso es seguir generando valor público mediante servicios más oportunos, una supervisión más efectiva y una institucionalidad capaz de adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos”, concluyó.
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