La normativa entró en vigencia el 9 de octubre de 2014 y cerca 14 mil personas se han acercado a la Superintendencia a solicitar información sobre los nuevos procedimientos, el 90% de las consultas son relativas al procedimiento de Renegociación que se lleva a cabo ante la Superintendencia.

Santiago, 11 de marzo de 2015. Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, junto a la Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro, y al Director Nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, realizaron un positivo balance de los primeros cinco meses de funcionamiento de la ley que permite a las personas y empresas enfrentar una situación de insolvencia financiera.

Las autoridades detallaron que a la fecha 13.825 personas han concurrido a las oficinas de la SIR -7.893 en Región Metropolitana y 5.932 en regiones- solicitando información en relación a los nuevos procedimientos concursales.

El Ministro de Economía señaló que “existe un alto interés y buena recepción por parte de la ciudadanía que se ha manifestado a través de la concurrencia a las oficinas de la SIR –tanto en la Región Metropolitana como en el resto de las regiones del país- para consultar sobre los nuevos procedimientos y/o iniciar la renegociación de sus deudas.” Añadió que “esto demuestran que esta ley se está traduciendo en una herramienta útil, para personas como para empresas”.

La autoridad manifestó su satisfacción del balance de los primeros cinco meses y señaló que “a nivel de empresas se observa un buen uso de esta herramienta, mientras que en cuanto a las personas, hacemos un llamado para que se informen de los requisitos y puedan aprovechar los beneficios de esta ley para renegociar sus deudas”.

Asimismo, explicó que la Superintendencia desde el 9 de octubre de 2014 cuenta con presencia regional, a través de sus Coordinadores Regionales ubicados en las Seremías de Economía, el Instituto de Previsión Social y Sernac.

Referente al balance de los primeros 5 meses, la Superintendenta Josefina Montenegro, señaló que “en cuanto a los procedimientos de renegociación -en los que la Superintendencia actúa como facilitadora de acuerdos entre el deudor y sus acreedores-, se han presentado a la fecha 1.146 solicitudes de Renegociación, 54,1% corresponden a la Región Metropolitana y 45,9% al resto de las regiones. De estas solicitudes 300 han sido declaradas admisibles, 69 han sido objeto de rectificaciones, 25 se encuentran en examen de admisibilidad y 752 han sido declaradas inadmisibles”.

Cabe destacar que 21 procedimientos de Renegociación han terminado exitosamente, lo que significa que las personas que pudieron renegociar sus obligaciones están en condiciones de solicitar la modificación o eliminación del registro de sus deudas renegociadas o extinguidas al Boletín Comercial o DICOM.

Se debe tener presente que los procedimientos que culminan exitosamente son aquellos en que el deudor tiene una intención real y seria de cumplir con sus obligaciones, para lo cual debe declarar con transparencia su situación financiera, especificando las deudas contraídas y los bienes que posee y ajustar su propuesta de renegociación a su real capacidad de pago, señaló Montenegro.

En lo que respecta a los procedimientos judiciales, se encuentran en tramitación 94 procedimientos, de los cuales 11 corresponden a reorganizaciones de Empresas Deudoras; 62 a liquidaciones de Empresas Deudoras y 21 liquidaciones de bienes de Personas Deudoras.

Las autoridades manifestaron que continuarán trabajando para fortalecer la presencia regional y atender las diversas inquietudes que formulan los usuarios a lo largo de todo el país, teniendo siempre en consideración la realidad particular de cada región.

La actividad se llevó a cabo en el auditórium perteneciente a Corfo de la región de Antofagasta.

Antofagasta, 04 de marzo de 2015. Con el fin de dar a conocer la normativa sobre los Procedimientos Concursales de  Reorganización y de Liquidación de Empresa Deudora, la coordinadora de la II región, Claudia Gaona, sostuvo reunión con diversas autoridades locales relacionadas con la cartera de economía.

Al encuentro asistió la Seremi de Economía, Gabriela Gómez, junto a  la red de fomento productivo. Participaron, Marlene Sánchez, Directora Regional de Corfo; Patricia Maureira, abogada de Corfo; Katherine León, Directora Regional de Sercotec y María Graciela Alvarado, profesional de proyectos, Fosis.

La coordinadora regional difundió los procedimientos concursales de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas Nº 20.720.

Vallenar. 27 de febrero de 2015. La superintendencia junto a otras instituciones públicas-privadas dictaron charlas, de sus respectivas materias, a los miembros de la Asociación Gremial Aspymevall de la comuna de Vallenar.

La Coordinadora SIR de la región de Atacama, Lorena Arena Espinoza, expuso sobre los cuatro procedimientos de la Ley 20.720.

Entre los participantes de la red de economía se encontraban la Seremía de Economía, Corfo y Banco Estado.

Sector público podrá reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

• Nueva normativa anti lavado faculta a más de 1.000 servicios y órganos del Estado -entre ministerios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- a informar a la UAF. Delito tributario, contrabando, estafas y fraude de subvenciones, asociación ilícita, entre otros, se suman al catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos.

• «Se fijan nuevos estándares de transparencia para nuestra economía», dijo el ministro (s) de Hacienda, Alejandro Micco.

• «Esta Ley acerca la legislación chilena a los más altos estándares internacionales sobre la materia», destacó el director de la UAF, Javier Cruz.

Santiago, 18 febrero 2015. A contar de hoy, más de 1.000 servicios y órganos públicos están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todas las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, luego que el Ministerio de Hacienda publicara en el Diario Oficial la LeyN° 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, introduciendo con ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó la UAF.

La nueva Ley no sólo aumenta las atribuciones de la UAF para prevenir e impedir que el sistema financiero chileno, y otros sectores de la actividad económica, sean utilizados para lavar dinero, sino también incluye normas para evitar el financiamiento del terrorismo, entre las que destaca el congelamiento y retención de activos de las personas que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

«Con este nuevo marco legal, el país aumenta significativamente su capacidad de análisis y control para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, fijando nuevos estándares en materia de transparencia para nuestra economía», dijo el ministro (s) de Hacienda, Alejandro Micco.

La iniciativa, que se originó en una moción de 7 diputados que, en agosto de 2006, buscaron levantar el secreto bancario para las investigaciones de lavado de activos, fue patrocinada por el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y aprobada en su segundo mandato. Durante su discusión recibió diversas indicaciones para fortalecer la normativa vigente, acogiendo las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, hoy Gafilat) había planteado en sus evaluaciones a Chile de los años 2006 y 2010. Tras 8 años de trámite, el Parlamento despachó el proyecto el 10 de diciembre pasado.

“Desde el año 2006 que no se actualizaba nuestra normativa anti lavado. Por tanto, esta Ley acerca la legislación chilena a los más altos estándares internacionales sobre la materia, establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI); fortalece nuestro sistema de prevención, fiscalización y sanción del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y potencia la cooperación entre el sector público y privado para combatir ambos delitos», destacó el director de la UAF, Javier Cruz.

Agregó que «el beneficio de esta Ley es que ahora podremos proteger mejor al país, y a nuestra economía, de los nefastos perjuicios sociales, económicos, financieros y reputacionales que provocan tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo (LA/FT)”.

Entre otros puntos, el cuerpo legal:

– Aumenta el número de entidades privadas obligadas a informar a la UAF sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, que detecten en el ejercicio de su actividad (se incluyen las bolsas de productos y otras que sean supervisadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las organizaciones deportivas profesionales, las representaciones de bancos extranjeros y las empresas de depósito de valores).

– Precisa que todos los sujetos supervisados también deberán informar sobre las operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

– Faculta a las superintendencias y demás servicios y órganos públicos a informar sobre operaciones sospechosas de LA/FT, que adviertan en el ejercicio de sus funciones, sin estar sujetos a sanciones.

– Reduce el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que las entidades privadas supervisadas deben informar a la UAF, desde 450 Unidades de Fomento a 10.000 dólares de Estados Unidosde América, o su equivalente en pesos chilenos.

– Posibilita a los fiscales del Ministerio Público, con autorización de un juez de garantía, requerir el alzamiento del secreto bancario en las investigaciones de LA/FT.

– Amplía el catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos, al agregar el contrabando, los delitos en contra de la propiedad intelectual, la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las actuaciones con el Banco Central o en las operaciones de cambios internacionales, la asociación ilícita, la comercialización de material pornográfico (en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años), las estafas y fraude de subvenciones, y el delito tributario por la devolución improcedente de créditos fiscales.

– Permite al Servicio Nacional de Aduanas retener hasta el 30% del efectivo sobre US$ 10.000 en efectivo que no sea declarado por una persona al momento de ingresar al país, o el 100% de los instrumentos negociables al portador.

– Establece el congelamiento y retención de activos de las personas vinculadas al financiamiento del terrorismo, que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.