21 de agosto de 2024
Santiago. El pasado 11 de agosto se cumplió un año desde la entrada en vigor de la Ley N° 21.563 y, en este contexto, se han efectuado diversas acciones comunicacionales para destacar este hito. Tras compartir las cifras del aniversario con los medios de comunicación, el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, presentó un balance del impacto de la nueva normativa en una reunión telemática con integrantes del Consejo de la Sociedad Civil de la Superir (Cosoc).
Durante su intervención, la autoridad subrayó que la reforma no buscó reinventar la ley anterior (20.720), sino modernizarla, optimizar la burocracia de los procesos, eliminar áreas grises y crear procedimientos simplificados, especialmente para las pequeñas empresas. Este cambio normativo, recordó, se originó en los momentos más críticos de la pandemia.
Luego hizo un repaso del diagnóstico previo a la reforma, con énfasis en la baja participación de las MIPEs en los procesos de reorganización, la duración extendida de los procedimientos y la imposibilidad de que los deudores que emiten boletas de honorarios accedieran a una renegociación.
Al presentar el balance de los efectos de la Ley 21.563, el Superintendente subrayó el gran aumento en las renegociaciones, debido principalmente a la inclusión de los deudores que emiten boletas de honorarios en este procedimiento. También comentó sobre el éxito de los procedimientos simplificados, que ahora cuentan con plazos acotados de un promedio de 5 meses y una reducción de costos en la reorganización para MIPEs. No obstante, reconoció que el número de pequeñas empresas que se reorganizan sigue siendo bajo y, en ese contexto, reiteró la invitación a quienes son parte del Cosoc a unirse al desafío de innovación y co-creación que la Superintendencia impulsa con organismos públicos y privados, con el objetivo de fortalecer la educación financiera en materia de insolvencia.
Además, la autoridad abordó los incidentes de mala fe registrados bajo la nueva normativa, resaltando la necesidad de prevenir el uso abusivo del procedimiento concursal de liquidación.
Finalizada la presentación, los miembros del Cosoc elogiaron el desarrollo de la Ley 21.563, especialmente la inclusión de emisores de boletas de honorarios en los procesos de renegociación, los beneficios de los procedimientos simplificados y la reducción de costos y trámites burocráticos.
No obstante, surgieron algunas observaciones. El profesor Juan Luis Goldenberg cuestionó la negativa de algunos jueces a iniciar liquidaciones por falta de bienes, calificando esto como una posible discriminación si no existen argumentos suficientes. El liquidador Rodrigo Kantar comentó el rechazo de tribunales a los incidentes de mala fe, por haberse iniciado el procedimiento previo a la entrada en vigencia de la ley, mientras que el abogado Esteban García Nadal se refirió a la necesidad de aumentar la educación sobre la nueva ley entre jueces y ministros y criticó que acojan el accionamiento de recursos que no aplican expresamente por la ley de insolvencia. Por su parte, Alejandro Arriagada, representante del retail financiero, solicitó a la Superir que mida el abuso en las solicitudes de liquidaciones.
El Superintendente Hugo Sánchez agradeció los comentarios y se comprometió a presentar nuevos resultados en futuras sesiones.
