02 de julio de 2025

Santiago. El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez, presentó su última Cuenta Pública Participativa en dependencias de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña, Mediana Industria, Artesanado y Cooperativas de Chile (Conupia).

En esta instancia realizó un balance de su gestión al frente del organismo durante los últimos nueve años, periodo en el que encabezó una importante transformación normativa e institucional.

Durante su intervención, la autoridad destacó los efectos de la Ley N.º 21.563- en vigor desde el 11 de agosto de 2023-, que amplió el acceso a los mecanismos concursales tanto para personas como MIPEs, creando nuevos procedimientos simplificados.

Renegociación al alza y ampliación de cobertura

En su repaso por los hitos de 2024, informó que el año pasado se registraron 7.394 procedimientos concursales, lo que representa un incremento de 73% en comparación con 2023. El principal aumento se dio en las solicitudes de renegociación de personas deudoras, que alcanzaron 1.961 casos, con un alza de 143% anual.

“La renegociación ha demostrado ser una herramienta eficaz para evitar la liquidación, resguardar el patrimonio y promover la estabilidad emocional y familiar de los deudores”, afirmó el Superintendente.

Por otra parte, puntualizó que este crecimiento se debe, en parte, a la incorporación de trabajadores independientes- que emiten boletas de honorarios- a este mecanismo. Hasta agosto de 2023, la normativa vigente los catalogaba como empresas, limitando sus opciones. Hoy, gracias a la nueva Ley N°21.563, este grupo representa el 68% de las solicitudes de renegociación.

El Superintendente valoró también la alta efectividad de este proceso: “Nueve de cada diez deudores lograron en 2024 alcanzar un acuerdo con sus acreedores, lo que confirma su utilidad como alternativa real para resolver situaciones de sobreendeudamiento”.

Procedimientos simplificados y menor burocracia

La máxima autoridad de la Superir recordó además que uno de los elementos centrales de la reforma legal ha sido la implementación de procedimientos simplificados, orientados a personas naturales y micro y pequeñas empresas (MIPEs).

Durante 2024 se solicitaron 4.708 liquidaciones de personas, de las cuales un 99% corresponden al proceso simplificado, con una duración promedio de siete meses o menos. En el caso de las MIPEs, se registraron 25 reorganizaciones simplificadas y 356 liquidaciones simplificadas.

En contraste, los procedimientos tradicionales —orientados a medianas y grandes empresas— mostraron una baja: las reorganizaciones ordinarias descendieron 10%, totalizando 44 casos, y las liquidaciones ordinarias cayeron un 72%, de 1.096 a 296 solicitudes.

En materia de fiscalización, la Superir ejecutó 5.952 acciones durante el 2024, cubriendo el 64,4% de los procedimientos vigentes. Asimismo, se tramitaron 25 procedimientos sancionatorios, que derivaron en la aplicación de 67 multas. Las infracciones más comunes fueron el incumplimiento de instrucciones de la Superir, la omisión en la rendición de cuentas por parte de liquidadores, y la falta de entrega de fondos al liquidador suplente.

Chile será sede de importante cumbre internacional

Uno de los hitos institucionales más relevantes de 2025 será la realización, por primera vez en Chile y en un país sudamericano, de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia (IAIR, por sus siglas en inglés), evento que reunirá a representantes de países como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur.

“Recibir este encuentro es un reconocimiento al trabajo de más de una década, que ha posicionado a Chile como un referente en materia de insolvencia y modernización institucional”, comentó al respecto el Superintendente Hugo Sánchez.

En materia de modernización, destacó la creación del Observatorio Estadístico, plataforma digital que permite el acceso público a datos clave sobre los procedimientos concursales y perfiles de solicitantes. Esta iniciativa forma parte de una estrategia de transformación institucional que incluye la creación de la Unidad de Innovación, Transformación Digital y Educación Financiera.

Desafíos 2025: foco en las MIPEs

Para este año se ha propuesto avanzar en la labor fiscalizadora y reguladora del servicio mediante 33 planes para supervisar el cumplimiento de las exigencias impuestas por la Ley N.º 21.563 a los sujetos fiscalizados; se está trabajando en una variedad de medidas para responder al aumento en la demanda del Procedimiento de Renegociación; se está colocando mayor atención referente al fortalecimiento Institucional; y robusteciendo el apoyo a las MIPEs de nuestro país a través de diversos proyectos, a fin de mejorar la atención a las micro y pequeñas empresas y optimizar sus canales de atención.

“Seguiremos trabajando para que la insolvencia deje de ser vista como un estigma y se entienda como una oportunidad para reemprender con respaldo institucional. Nuestro compromiso es construir una institución transparente, ética, con perspectiva de género en todos sus procesos y centrada en las personas”, concluyó Hugo Sánchez al finalizar su última cuenta de gestión.

27 de mayo de 2025

Santiago. Desde el cambio de la Ley de Insolvencia, los deudores que emiten boletas de honorarios han podido renegociar gratis sus deudas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).  

Este es uno de los principales hallazgos del Observatorio Estadístico de la institución en su más reciente actualización, correspondiente al período enero-abril 2025. Mientras que hacia fines de 2023 el 34% de las solicitudes de renegociación provenía de trabajadores independientes, en lo que va de este año esa proporción se ha duplicado: del total de los 1.131 procedimientos activos, un 68% son deudores con iniciación de actividades, correspondiendo a 804 usuarias y usuarios.

Este dato es especialmente relevante si se considera que la renegociación es un procedimiento gratuito, de carácter administrativo, que permite —con el acompañamiento de los profesionales de la Superir— reestructurar el pago de todas las deudas mediante un acuerdo con los acreedores. Entre los beneficios que se pueden obtener, destacan la rebaja de intereses, la extensión de plazos y, en muchos casos, meses de gracia para comenzar a pagar.

Este grupo de honorarios tiene entre 30 y 44 años de edad, con ingresos mensuales entre $500 mil y $750 mil pesos y las deudas renegociadas promedio superan los 50 millones de pesos. El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, recordó que, hasta agosto de 2023, este tipo de deudores solo podían solucionar sus problemas financieros mayoritariamente con una liquidación de bienes, “ya que la Ley N° 20.720 los clasificaba como empresas. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.563, se modificó esa definición, permitiendo que este segmento pueda utilizar esta alternativa”.

La autoridad destacó que la modificación legal no solo amplió el acceso a una solución más flexible y ordenada, sino que también ha tenido un efecto directo en el bienestar personal y familiar de quienes optan por esta alternativa en lugar de caer en la quiebra. “Renegociar permite conservar bienes, evitar la estigmatización y, sobre todo, recuperar la tranquilidad emocional y estabilidad del entorno familiar, al enfrentar las deudas de manera responsable y con acompañamiento institucional”, comentó el Superintendente.

Por otra parte, la incorporación de personas con inicio de actividades a la renegociación ha tenido un impacto significativo en el uso de este trámite. Desde el cambio normativo de 2023, se ha observado un aumento sostenido en la demanda: para 2024, el número total de solicitudes creció en un 185% y ya en los primeros cuatro meses del año el alza llega al 91%, en comparación con el mismo período del año anterior.

Procedimientos simplificados al alza

La entrada en vigencia de la Ley N° 21.563 en agosto de 2023 no solo amplió el acceso a la renegociación de deudas para emisores de boletas de honorarios, sino que también creó nuevos procedimientos simplificados para enfrentar situaciones de insolvencia, tanto a nivel personal como de micro y pequeñas empresas.

Estos mecanismos —más ágiles, con menos trámites y de bajo costo— permiten alcanzar acuerdos de pago con acreedores, a través de una reorganización simplificada, o bien facilitar la venta rápida de bienes para saldar deudas, mediante una liquidación simplificada.

Según el último informe del Observatorio Estadístico de la Superir, entre enero y abril de este año 1.944 personas se acogieron a una liquidación simplificada, lo que representa un aumento del 58% en comparación con el mismo período de 2024. Del total de casos, un 41% corresponde a mujeres, y las regiones con mayor número de procedimientos fueron la Región Metropolitana (46,6%), Biobío (10,1%) y Valparaíso (9,9%).

En el ámbito empresarial, el uso de esta herramienta también muestra un crecimiento sostenido. En los primeros cuatro meses del año, 149 Mipes iniciaron procesos de liquidación simplificada, lo que equivale a un incremento del 86% respecto al mismo lapso del año anterior.

Entre los rubros más representados destacan los servicios de restaurantes y comida móvil (5,3%), construcción (5,3%), terminación de edificios (4,6%) y servicios de impresión (3,3%).

El Superintendente Hugo Sánchez reiteró el llamado a actuar preventivamente frente al sobreendeudamiento. “No esperen a llegar a una insolvencia profunda. La invitación es a acercarse tempranamente a la Superir, informarse y acceder a los procedimientos disponibles de forma oportuna”, enfatizó.

26 de mayo de 2025

Paredones. La coordinadora de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) en la Región de O’Higgins, Macarena Espinoza, participó en un nuevo Gabinete Económico Regional, que en esta oportunidad se efectuó en la comuna de Paredones.

La funcionaria expuso ante las autoridades locales y representantes de los distintos servicios el panorama general de los procedimientos concursales disponibles para personas y empresas con sobreendeudamiento e insolvencia. En su intervención, destacó especialmente la renegociación, una herramienta gratuita, administrativa y voluntaria que permite a quienes tienen deudas impagas reorganizar con apoyo de profesionales de la Superir sus compromisos financieros, mediante un acuerdo directo con sus acreedores condiciones más favorables de pago, que pueden incluir tasas de interés reducidas, plazos más extensos e incluso periodos de gracia para comenzar a pagar.

En el periodo enero-abril de 2025, la región registró 60 solicitudes de renegociaciones, lo que representa un incremento de un 54% en comparación con igual período de 2024.

La actividad contó con la presencia de todos los servicios que integran el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, así como del alcalde de Paredones, Antonio Carvacho, quien valoró la instancia como una oportunidad concreta para acercar la oferta pública a las necesidades reales de la comunidad.

La jornada también tuvo la participación del jefe de gabinete de la Delegación Provincial de Cardenal Caro, César Silva Caroca, quien asistió en representación de la delegada provincial.

23 de mayo de 2025

Curacaví. En el marco de una nueva jornada atención en terreno, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) llegó hasta las dependencias de la Municipalidad de Curacaví, con el objetivo de informar a la comunidad sobre las herramientas legales disponibles para enfrentar situaciones de sobreendeudamiento.

En la ocasión, el funcionario de la Superir, Marco Lagos, entregó orientación directa a vecinas y vecinos interesados en conocer los alcances de los procedimientos concursales, con especial énfasis en la Renegociación de la Persona Deudora. Este procedimiento, de carácter administrativo, gratuito y voluntario, permite reestructurar el pago de todas las deudas en condiciones más accesibles, acorde a la capacidad de pago de cada persona.

Durante la jornada, el representante de la Superir atendió de manera personalizada las inquietudes de los asistentes, resolviendo dudas y orientando sobre cómo acceder a estos mecanismos. Además, se distribuyó material informativo para facilitar la comprensión de los procesos disponibles y fomentar un uso responsable de estas herramientas legales.