22 de agosto de 2025
Santiago. A dos años de su entrada en vigencia, la Ley N.º 21.563 ha tenido un impacto significativo en el sistema concursal chileno al ampliar el alcance de sus beneficios y simplificar los mecanismos disponibles para personas naturales y micro y pequeñas empresas (MIPEs) que enfrentan situaciones de insolvencia y sobreendeudamiento.
La Ley N.º 21.563 reformó la Ley N.º 20.720, introduciendo innovaciones orientadas a modernizar el sistema concursal. Con ello, Chile dio un paso decisivo en la construcción de un marco legal más adaptado a la realidad de las personas y empresas de menor tamaño, que muchas veces quedaban excluidas de alternativas de reorganización o cierre ordenado.
De acuerdo con el Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), entre agosto de 2023 y julio de 2025 se registraron más de 13 mil procedimientos concursales en el marco de esta normativa.
Por primera vez, emisores de boletas de honorarios pueden renegociar sus deudas
Uno de los principales avances de la ley fue permitir que los contribuyentes emisores de boletas de honorarios accedieran a la renegociación gratuita de deudas, mecanismo al que antes no tenían derecho. En solo dos años, este grupo concentró el 69% de las renegociaciones (3.066 casos), con participación equilibrada: 1.476 mujeres y 1.590 hombres.
El análisis de este grupo muestra que el 67% de los deudores se concentra en el rango de 30 a 44 años, el 31% declaró ingresos promedio superiores a $2.000.000 y el 48% reside en la Región Metropolitana. Además, las audiencias de renegociación alcanzan una tasa de éxito del 99%, reflejando la alta efectividad del procedimiento.
El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, señaló que “hemos derribado una barrera histórica para los emisores de boletas de honorarios, entregándoles un procedimiento gratuito y administrativo que les permite llegar a acuerdos de pago con sus acreedores, evitando la pérdida de bienes y facilitando su reinserción económica”.
Procedimientos simplificados para personas y MIPEs
La normativa también incorporó la liquidación simplificada para personas naturales, que suma 8.938 procesos en dos años (3.765 mujeres y 5.173 hombres). Este procedimiento está diseñado para quienes no cuentan con ingresos suficientes o presentan un estado de insolvencia profundo, ofreciendo una vía más ágil que la liquidación ordinaria.
En este grupo, la mayoría de los solicitantes (61%) se concentra entre los 30 y 44 años, mientras que un 36% registró ingresos promedio entre $500.001 y $1.000.000.
En el caso de las micro y pequeñas empresas, la Ley N.º 21.563 introdujo procedimientos concursales simplificados, a través de los cuales se han tramitado 662 liquidaciones y 31 reorganizaciones en dos años. En la liquidación simplificada participaron 434 micro empresas y 226 pequeñas empresas. Mientras que en la reorganización simplificada, los casos corresponden a 15 microempresas y 16 pequeñas empresas.
Desafíos y proyecciones
Si bien el balance demuestra un impacto positivo, la Superir advierte que persiste un bajo nivel de conocimiento de la Ley N.º 21.563 entre los potenciales beneficiarios, lo que limita su utilización. Para enfrentar esta brecha, la institución impulsa un plan de trabajo conjunto con gremios de MIPEs, Instituciones Públicas, Universidades y organizaciones territoriales, orientado a fortalecer la Educación Financiera, la difusión y el uso efectivo de estos procedimientos concursales, por medio del uso de herramientas que permiten generar una cultura de revisión periódica de su situación financiera.
“La Superir continuará desarrollando campañas de información y educación financiera que permitan a la ciudadanía conocer y ejercer oportunamente los derechos que les entrega la normativa. Nuestro compromiso es seguir acercando estos mecanismos y garantizar que quienes enfrentan la insolvencia cuenten con alternativas oportunas para reorganizar sus finanzas o iniciar un nuevo emprendimiento”, concluyó el Superintendente.
