Archivo del Autor: Alex Valladares

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento participó en el cierre de la Semana de la Integridad

11 de diciembre de 2025

Santiago. La Superintendenta (s) de Insolvencia y Reemprendimiento, Johana Álvarez, participó en la actividad de cierre de la Semana de la Integridad, organizada por la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. 

En la instancia, se realizó la presentación de la actualización del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, en una jornada exclusiva para la membresía de la Alianza.

Asimismo, expusieron diversas autoridades, entre ellas la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; la Contralora General de la República, Dorothy Pérez; la representante residente del PNUD Chile, Georgina Braga-Orillard; la secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Valeria Lübbert; y la presidenta de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, Verónica Valle.

Según lo expuesto en el encuentro, la corrupción continúa siendo un desafío global de gran magnitud. De acuerdo con Naciones Unidas, de los aproximadamente 13 billones de dólares de gasto público mundial, hasta un 25% se pierde debido a la corrupción, cifra equivalente a más del 5% del PIB global. Estos datos subrayan la urgencia de fortalecer sistemas de integridad que permitan prevenir riesgos, robustecer controles y promover mayor transparencia.

La participación de la principal autoridad de la Superir reforzó el compromiso institucional con la transparencia, la probidad y el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la integridad.

Cabe recordar que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento fue aceptada por unanimidad como miembro de la Alianza en mayo de 2024.

Superir difunde su Manual de Normas y Buenas Prácticas para Sujetos Fiscalizados

30 de octubre de 2025

Santiago. Con el propósito de consolidar en los procedimientos de insolvencia una cultura basada en la integridad, la transparencia y la excelencia, la Superir dio a conocer su Manual de Normas y Buenas Prácticas para Entes Fiscalizados, una guía que define los principios éticos, normas y conductas esperadas en la relación entre la Superintendencia y los y las profesionales que interactúan con el sistema concursal, a la vez que estos con deudores, acreedores y demás grupos de interés en el sistema concursal.

El texto —elaborado en conjunto por los Departamentos Jurídico y de Fiscalización— reúne en un solo cuerpo los valores, lineamientos y compromisos que sustentan el trabajo de la Superintendencia y de quienes ejercen funciones públicas en el marco de la Ley N° 20.720, entre ellos veedores, liquidadores, martilleros y asesores económicos de insolvencia.

“Este trabajo representa una anhelo institucional y una necesidad para el sistema concursal, y es el fruto de conversaciones sostenidas a nivel internacional con nuestros pares en la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia y a nivel interno al alero de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, del cual somos parte, lo que nos permitió elaborar un documento cuyo objeto es formalizar y difundir un conjunto de principios y comportamientos éticos, pero también de deberes y obligaciones que emanan principalmente de los Principios de Legalidad, Transparencia y Probidad Administrativa a que se encuentran sometidos nuestros sujetos fiscalizados, de la mano de los mismos altos estándares que se nos exige a los funcionarios públicos”, destacó el Superintendente Hugo Sánchez.

Reforzando compromisos para fortalecer la integridad institucional

El Título V del Manual de Buenas Prácticas dedica un apartado especial a los compromisos de la Superir con los entes fiscalizados y con los terceros con los que se relaciona, marcando un nuevo estándar en la gestión pública del sistema concursal.

Entre los aspectos más relevantes, se refuerza una política de cero tolerancia al soborno y al cohecho, recordando que la función pública, tanto en la Superintendencia como entre los fiscalizados, no puede usarse para obtener beneficios privados ni aceptar ventajas indebidas. De esta manera, se ratifica el compromiso institucional con la probidad y el respeto irrestricto a la ley.

Profundiza en el trato respetuoso y equitativo que debe guiar todas las relaciones con la ciudadanía, destacando que la cortesía, la empatía y la igualdad de condiciones son pilares de la confianza pública.

En materia de transparencia, se subraya que la información que administra la Superintendencia es pública, salvo aquella que la ley declare secreta o reservada. Por ello, se reitera el deber de entregar respuestas dentro de los plazos legales y mediante los canales formales, resguardando la trazabilidad y la confianza en los procesos.

Otro eje clave es la calidad y eficiencia en la gestión institucional. Tanto la Superir como los fiscalizados están llamados a optimizar el uso del tiempo y los recursos, asegurando servicios de excelencia a la ciudadanía.

Asimismo, se enfatiza el deber de confidencialidad: la Superintendencia protege rigurosamente los datos personales y la información sensible de personas y empresas, y exige la misma conducta a quienes son parte del sistema concursal.

Finalmente, se aborda con claridad el manejo de los conflictos de interés, destacando que toda actuación debe regirse por la independencia de juicio y la objetividad. La adhesión personal a altos estándares éticos se presenta como la mejor garantía para preservar la imagen de integridad y honestidad que distingue a la Superir.

Con esta iniciativa, la institución da un paso significativo hacia una gestión pública ejemplar, en sintonía con su incorporación en 2024 a la Alianza Anticorrupción UNCAC -impulsada por Naciones Unidas-, que promueve altos estándares de integridad en los organismos fiscalizadores.

“Estamos convencidos de que la confianza ciudadana se construye con hechos y coherencia. Este Manual es una invitación a vivir la ética y la probidad no como una obligación externa, sino como parte esencial de nuestra identidad institucional”, enfatizó el Superintendente Hugo Sánchez.

El Manual completo está disponible para su consulta permanente por parte de todos los equipos y funcionarios en este link: Manual de Normas y Buenas Prácticas para Entes Fiscalizados.

La Superir compartió su experiencia en Fiscalización Basada en Riesgos en encuentro organizado por el Servel

04 de septiembre de 2025

Santiago. Funcionarias y funcionarios del Departamento de Fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) participaron en el Segundo encuentro de Áreas de Fiscalización del Estado, organizado por el Servicio Electoral (Servel).

En el encuentro participaron organismos fiscalizadores como las superintendencias de Casinos de Juegos, Medio Ambiente y Seguridad Social, junto a instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Aduana, SUSESO, entre otras. El objetivo central fue compartir experiencias y promover buenas prácticas en la labor de fiscalización.

En representación de la Superir, la jefa del Subdepartamento de Fiscalización de Incautaciones y Enajenaciones, Carolina Baquedano, junto al Coordinador de Gestión Fiscalizadora, Claudio Domínguez, presentaron los avances en la aplicación de una Fiscalización Basada en Riesgos en la institución. Esta estrategia ha permitido elevar el nivel de cumplimiento de los sujetos fiscalizados, optimizar el uso de sus recursos y concentrar los esfuerzos en riesgos de incumplimientos de mayor impacto, con el objetivo de mitigarlos y fortalecer la gestión de veedores, liquidadores y martilleros concursales.

La incorporación del enfoque de riesgos en la fiscalización fue un punto en común entre los expositores, que destacaron este modelo como un pilar fundamental para el cumplimiento de su rol de supervisión.

Asimismo, se abordaron experiencias como la estrategia de cumplimiento tributario del SII, el uso de la fiscalización como herramienta del SERNAC para proteger los derechos de los consumidores y la aplicación de inteligencia artificial por parte del SAG en el comercio electrónico, entre otros casos expuestos.

Al término del encuentro, Carolina Baquedano, quien también participó en representación de la Jefa del Departamento de Fiscalización, Johana Álvarez, destacó que “participar en esta actividad nos permitió compartir la experiencia de la Superir en la aplicación de un modelo de fiscalización basado en riesgos que optimiza recursos, fortalece la supervisión y promueve una gestión transparente de los procedimientos concursales, en beneficio de las personas y empresas deudoras, reafirmando nuestro compromiso con procedimientos eficientes y confiables”. 

Agregó por último que “este encuentro constituyó una instancia muy relevante para fortalecer la cooperación interinstitucional, intercambiar experiencias y buenas prácticas, y fomentar la innovación en los procesos de fiscalización”. 

Más de 13 mil personas y empresas han utilizado procedimientos concursales más rápidos, accesibles y de menor costo

22 de agosto de 2025

Santiago. A dos años de su entrada en vigencia, la Ley N.º 21.563 ha tenido un impacto significativo en el sistema concursal chileno al ampliar el alcance de sus beneficios y simplificar los mecanismos disponibles para personas naturales y micro y pequeñas empresas (MIPEs) que enfrentan situaciones de insolvencia y sobreendeudamiento.

La Ley N.º 21.563 reformó la Ley N.º 20.720, introduciendo innovaciones orientadas a modernizar el sistema concursal. Con ello, Chile dio un paso decisivo en la construcción de un marco legal más adaptado a la realidad de las personas y empresas de menor tamaño, que muchas veces quedaban excluidas de alternativas de reorganización o cierre ordenado.

De acuerdo con el Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), entre agosto de 2023 y julio de 2025 se registraron más de 13 mil procedimientos concursales en el marco de esta normativa.

Por primera vez, emisores de boletas de honorarios pueden renegociar sus deudas
Uno de los principales avances de la ley fue permitir que los contribuyentes emisores de boletas de honorarios accedieran a la renegociación gratuita de deudas, mecanismo al que antes no tenían derecho. En solo dos años, este grupo concentró el 69% de las renegociaciones (3.066 casos), con participación equilibrada: 1.476 mujeres y 1.590 hombres.

El análisis de este grupo muestra que el 67% de los deudores se concentra en el rango de 30 a 44 años, el 31% declaró ingresos promedio superiores a $2.000.000 y el 48% reside en la Región Metropolitana. Además, las audiencias de renegociación alcanzan una tasa de éxito del 99%, reflejando la alta efectividad del procedimiento.

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, señaló que “hemos derribado una barrera histórica para los emisores de boletas de honorarios, entregándoles un procedimiento gratuito y administrativo que les permite llegar a acuerdos de pago con sus acreedores, evitando la pérdida de bienes y facilitando su reinserción económica”.

Procedimientos simplificados para personas y MIPEs

La normativa también incorporó la liquidación simplificada para personas naturales, que suma 8.938 procesos en dos años (3.765 mujeres y 5.173 hombres). Este procedimiento está diseñado para quienes no cuentan con ingresos suficientes o presentan un estado de insolvencia profundo, ofreciendo una vía más ágil que la liquidación ordinaria.

En este grupo, la mayoría de los solicitantes (61%) se concentra entre los 30 y 44 años, mientras que un 36% registró ingresos promedio entre $500.001 y $1.000.000.

En el caso de las micro y pequeñas empresas, la Ley N.º 21.563 introdujo procedimientos concursales simplificados, a través de los cuales se han tramitado 662 liquidaciones y 31 reorganizaciones en dos años. En la liquidación simplificada participaron 434 micro empresas y 226 pequeñas empresas. Mientras que en la reorganización simplificada, los casos corresponden a 15 microempresas y 16 pequeñas empresas.

Desafíos y proyecciones

Si bien el balance demuestra un impacto positivo, la Superir advierte que persiste un bajo nivel de conocimiento de la Ley N.º 21.563 entre los potenciales beneficiarios, lo que limita su utilización. Para enfrentar esta brecha, la institución impulsa un plan de trabajo conjunto con gremios de MIPEs, Instituciones Públicas, Universidades y organizaciones territoriales, orientado a fortalecer la Educación Financiera, la difusión y el uso efectivo de estos procedimientos concursales, por medio del uso de herramientas que permiten generar una cultura de revisión periódica de su situación financiera.

“La Superir continuará desarrollando campañas de información y educación financiera que permitan a la ciudadanía conocer y ejercer oportunamente los derechos que les entrega la normativa. Nuestro compromiso es seguir acercando estos mecanismos y garantizar que quienes enfrentan la insolvencia cuenten con alternativas oportunas para reorganizar sus finanzas o iniciar un nuevo emprendimiento”, concluyó el Superintendente.