Archivo del Autor: Alex Valladares

Superir difunde su Manual de Normas y Buenas Prácticas para Sujetos Fiscalizados

30 de octubre de 2025

Santiago. Con el propósito de consolidar en los procedimientos de insolvencia una cultura basada en la integridad, la transparencia y la excelencia, la Superir dio a conocer su Manual de Normas y Buenas Prácticas para Entes Fiscalizados, una guía que define los principios éticos, normas y conductas esperadas en la relación entre la Superintendencia y los y las profesionales que interactúan con el sistema concursal, a la vez que estos con deudores, acreedores y demás grupos de interés en el sistema concursal.

El texto —elaborado en conjunto por los Departamentos Jurídico y de Fiscalización— reúne en un solo cuerpo los valores, lineamientos y compromisos que sustentan el trabajo de la Superintendencia y de quienes ejercen funciones públicas en el marco de la Ley N° 20.720, entre ellos veedores, liquidadores, martilleros y asesores económicos de insolvencia.

“Este trabajo representa una anhelo institucional y una necesidad para el sistema concursal, y es el fruto de conversaciones sostenidas a nivel internacional con nuestros pares en la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia y a nivel interno al alero de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, del cual somos parte, lo que nos permitió elaborar un documento cuyo objeto es formalizar y difundir un conjunto de principios y comportamientos éticos, pero también de deberes y obligaciones que emanan principalmente de los Principios de Legalidad, Transparencia y Probidad Administrativa a que se encuentran sometidos nuestros sujetos fiscalizados, de la mano de los mismos altos estándares que se nos exige a los funcionarios públicos”, destacó el Superintendente Hugo Sánchez.

Reforzando compromisos para fortalecer la integridad institucional

El Título V del Manual de Buenas Prácticas dedica un apartado especial a los compromisos de la Superir con los entes fiscalizados y con los terceros con los que se relaciona, marcando un nuevo estándar en la gestión pública del sistema concursal.

Entre los aspectos más relevantes, se refuerza una política de cero tolerancia al soborno y al cohecho, recordando que la función pública, tanto en la Superintendencia como entre los fiscalizados, no puede usarse para obtener beneficios privados ni aceptar ventajas indebidas. De esta manera, se ratifica el compromiso institucional con la probidad y el respeto irrestricto a la ley.

Profundiza en el trato respetuoso y equitativo que debe guiar todas las relaciones con la ciudadanía, destacando que la cortesía, la empatía y la igualdad de condiciones son pilares de la confianza pública.

En materia de transparencia, se subraya que la información que administra la Superintendencia es pública, salvo aquella que la ley declare secreta o reservada. Por ello, se reitera el deber de entregar respuestas dentro de los plazos legales y mediante los canales formales, resguardando la trazabilidad y la confianza en los procesos.

Otro eje clave es la calidad y eficiencia en la gestión institucional. Tanto la Superir como los fiscalizados están llamados a optimizar el uso del tiempo y los recursos, asegurando servicios de excelencia a la ciudadanía.

Asimismo, se enfatiza el deber de confidencialidad: la Superintendencia protege rigurosamente los datos personales y la información sensible de personas y empresas, y exige la misma conducta a quienes son parte del sistema concursal.

Finalmente, se aborda con claridad el manejo de los conflictos de interés, destacando que toda actuación debe regirse por la independencia de juicio y la objetividad. La adhesión personal a altos estándares éticos se presenta como la mejor garantía para preservar la imagen de integridad y honestidad que distingue a la Superir.

Con esta iniciativa, la institución da un paso significativo hacia una gestión pública ejemplar, en sintonía con su incorporación en 2024 a la Alianza Anticorrupción UNCAC -impulsada por Naciones Unidas-, que promueve altos estándares de integridad en los organismos fiscalizadores.

“Estamos convencidos de que la confianza ciudadana se construye con hechos y coherencia. Este Manual es una invitación a vivir la ética y la probidad no como una obligación externa, sino como parte esencial de nuestra identidad institucional”, enfatizó el Superintendente Hugo Sánchez.

El Manual completo está disponible para su consulta permanente por parte de todos los equipos y funcionarios en este link: Manual de Normas y Buenas Prácticas para Entes Fiscalizados.

La Superir compartió su experiencia en Fiscalización Basada en Riesgos en encuentro organizado por el Servel

04 de septiembre de 2025

Santiago. Funcionarias y funcionarios del Departamento de Fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) participaron en el Segundo encuentro de Áreas de Fiscalización del Estado, organizado por el Servicio Electoral (Servel).

En el encuentro participaron organismos fiscalizadores como las superintendencias de Casinos de Juegos, Medio Ambiente y Seguridad Social, junto a instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Aduana, SUSESO, entre otras. El objetivo central fue compartir experiencias y promover buenas prácticas en la labor de fiscalización.

En representación de la Superir, la jefa del Subdepartamento de Fiscalización de Incautaciones y Enajenaciones, Carolina Baquedano, junto al Coordinador de Gestión Fiscalizadora, Claudio Domínguez, presentaron los avances en la aplicación de una Fiscalización Basada en Riesgos en la institución. Esta estrategia ha permitido elevar el nivel de cumplimiento de los sujetos fiscalizados, optimizar el uso de sus recursos y concentrar los esfuerzos en riesgos de incumplimientos de mayor impacto, con el objetivo de mitigarlos y fortalecer la gestión de veedores, liquidadores y martilleros concursales.

La incorporación del enfoque de riesgos en la fiscalización fue un punto en común entre los expositores, que destacaron este modelo como un pilar fundamental para el cumplimiento de su rol de supervisión.

Asimismo, se abordaron experiencias como la estrategia de cumplimiento tributario del SII, el uso de la fiscalización como herramienta del SERNAC para proteger los derechos de los consumidores y la aplicación de inteligencia artificial por parte del SAG en el comercio electrónico, entre otros casos expuestos.

Al término del encuentro, Carolina Baquedano, quien también participó en representación de la Jefa del Departamento de Fiscalización, Johana Álvarez, destacó que “participar en esta actividad nos permitió compartir la experiencia de la Superir en la aplicación de un modelo de fiscalización basado en riesgos que optimiza recursos, fortalece la supervisión y promueve una gestión transparente de los procedimientos concursales, en beneficio de las personas y empresas deudoras, reafirmando nuestro compromiso con procedimientos eficientes y confiables”. 

Agregó por último que “este encuentro constituyó una instancia muy relevante para fortalecer la cooperación interinstitucional, intercambiar experiencias y buenas prácticas, y fomentar la innovación en los procesos de fiscalización”. 

Más de 13 mil personas y empresas han utilizado procedimientos concursales más rápidos, accesibles y de menor costo

22 de agosto de 2025

Santiago. A dos años de su entrada en vigencia, la Ley N.º 21.563 ha tenido un impacto significativo en el sistema concursal chileno al ampliar el alcance de sus beneficios y simplificar los mecanismos disponibles para personas naturales y micro y pequeñas empresas (MIPEs) que enfrentan situaciones de insolvencia y sobreendeudamiento.

La Ley N.º 21.563 reformó la Ley N.º 20.720, introduciendo innovaciones orientadas a modernizar el sistema concursal. Con ello, Chile dio un paso decisivo en la construcción de un marco legal más adaptado a la realidad de las personas y empresas de menor tamaño, que muchas veces quedaban excluidas de alternativas de reorganización o cierre ordenado.

De acuerdo con el Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), entre agosto de 2023 y julio de 2025 se registraron más de 13 mil procedimientos concursales en el marco de esta normativa.

Por primera vez, emisores de boletas de honorarios pueden renegociar sus deudas
Uno de los principales avances de la ley fue permitir que los contribuyentes emisores de boletas de honorarios accedieran a la renegociación gratuita de deudas, mecanismo al que antes no tenían derecho. En solo dos años, este grupo concentró el 69% de las renegociaciones (3.066 casos), con participación equilibrada: 1.476 mujeres y 1.590 hombres.

El análisis de este grupo muestra que el 67% de los deudores se concentra en el rango de 30 a 44 años, el 31% declaró ingresos promedio superiores a $2.000.000 y el 48% reside en la Región Metropolitana. Además, las audiencias de renegociación alcanzan una tasa de éxito del 99%, reflejando la alta efectividad del procedimiento.

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, señaló que “hemos derribado una barrera histórica para los emisores de boletas de honorarios, entregándoles un procedimiento gratuito y administrativo que les permite llegar a acuerdos de pago con sus acreedores, evitando la pérdida de bienes y facilitando su reinserción económica”.

Procedimientos simplificados para personas y MIPEs

La normativa también incorporó la liquidación simplificada para personas naturales, que suma 8.938 procesos en dos años (3.765 mujeres y 5.173 hombres). Este procedimiento está diseñado para quienes no cuentan con ingresos suficientes o presentan un estado de insolvencia profundo, ofreciendo una vía más ágil que la liquidación ordinaria.

En este grupo, la mayoría de los solicitantes (61%) se concentra entre los 30 y 44 años, mientras que un 36% registró ingresos promedio entre $500.001 y $1.000.000.

En el caso de las micro y pequeñas empresas, la Ley N.º 21.563 introdujo procedimientos concursales simplificados, a través de los cuales se han tramitado 662 liquidaciones y 31 reorganizaciones en dos años. En la liquidación simplificada participaron 434 micro empresas y 226 pequeñas empresas. Mientras que en la reorganización simplificada, los casos corresponden a 15 microempresas y 16 pequeñas empresas.

Desafíos y proyecciones

Si bien el balance demuestra un impacto positivo, la Superir advierte que persiste un bajo nivel de conocimiento de la Ley N.º 21.563 entre los potenciales beneficiarios, lo que limita su utilización. Para enfrentar esta brecha, la institución impulsa un plan de trabajo conjunto con gremios de MIPEs, Instituciones Públicas, Universidades y organizaciones territoriales, orientado a fortalecer la Educación Financiera, la difusión y el uso efectivo de estos procedimientos concursales, por medio del uso de herramientas que permiten generar una cultura de revisión periódica de su situación financiera.

“La Superir continuará desarrollando campañas de información y educación financiera que permitan a la ciudadanía conocer y ejercer oportunamente los derechos que les entrega la normativa. Nuestro compromiso es seguir acercando estos mecanismos y garantizar que quienes enfrentan la insolvencia cuenten con alternativas oportunas para reorganizar sus finanzas o iniciar un nuevo emprendimiento”, concluyó el Superintendente.

Superintendente de Insolvencia rindió su última Cuenta Pública tras nueve años de gestión marcados por una profunda modernización legal e institucional

02 de julio de 2025

Santiago. El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez, presentó su última Cuenta Pública Participativa en dependencias de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña, Mediana Industria, Artesanado y Cooperativas de Chile (Conupia).

En esta instancia realizó un balance de su gestión al frente del organismo durante los últimos nueve años, periodo en el que encabezó una importante transformación normativa e institucional.

Durante su intervención, la autoridad destacó los efectos de la Ley N.º 21.563- en vigor desde el 11 de agosto de 2023-, que amplió el acceso a los mecanismos concursales tanto para personas como MIPEs, creando nuevos procedimientos simplificados.

Renegociación al alza y ampliación de cobertura

En su repaso por los hitos de 2024, informó que el año pasado se registraron 7.394 procedimientos concursales, lo que representa un incremento de 73% en comparación con 2023. El principal aumento se dio en las solicitudes de renegociación de personas deudoras, que alcanzaron 1.961 casos, con un alza de 143% anual.

“La renegociación ha demostrado ser una herramienta eficaz para evitar la liquidación, resguardar el patrimonio y promover la estabilidad emocional y familiar de los deudores”, afirmó el Superintendente.

Por otra parte, puntualizó que este crecimiento se debe, en parte, a la incorporación de trabajadores independientes- que emiten boletas de honorarios- a este mecanismo. Hasta agosto de 2023, la normativa vigente los catalogaba como empresas, limitando sus opciones. Hoy, gracias a la nueva Ley N°21.563, este grupo representa el 68% de las solicitudes de renegociación.

El Superintendente valoró también la alta efectividad de este proceso: “Nueve de cada diez deudores lograron en 2024 alcanzar un acuerdo con sus acreedores, lo que confirma su utilidad como alternativa real para resolver situaciones de sobreendeudamiento”.

Procedimientos simplificados y menor burocracia

La máxima autoridad de la Superir recordó además que uno de los elementos centrales de la reforma legal ha sido la implementación de procedimientos simplificados, orientados a personas naturales y micro y pequeñas empresas (MIPEs).

Durante 2024 se solicitaron 4.708 liquidaciones de personas, de las cuales un 99% corresponden al proceso simplificado, con una duración promedio de siete meses o menos. En el caso de las MIPEs, se registraron 25 reorganizaciones simplificadas y 356 liquidaciones simplificadas.

En contraste, los procedimientos tradicionales —orientados a medianas y grandes empresas— mostraron una baja: las reorganizaciones ordinarias descendieron 10%, totalizando 44 casos, y las liquidaciones ordinarias cayeron un 72%, de 1.096 a 296 solicitudes.

En materia de fiscalización, la Superir ejecutó 5.952 acciones durante el 2024, cubriendo el 64,4% de los procedimientos vigentes. Asimismo, se tramitaron 25 procedimientos sancionatorios, que derivaron en la aplicación de 67 multas. Las infracciones más comunes fueron el incumplimiento de instrucciones de la Superir, la omisión en la rendición de cuentas por parte de liquidadores, y la falta de entrega de fondos al liquidador suplente.

Chile será sede de importante cumbre internacional

Uno de los hitos institucionales más relevantes de 2025 será la realización, por primera vez en Chile y en un país sudamericano, de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia (IAIR, por sus siglas en inglés), evento que reunirá a representantes de países como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur.

“Recibir este encuentro es un reconocimiento al trabajo de más de una década, que ha posicionado a Chile como un referente en materia de insolvencia y modernización institucional”, comentó al respecto el Superintendente Hugo Sánchez.

En materia de modernización, destacó la creación del Observatorio Estadístico, plataforma digital que permite el acceso público a datos clave sobre los procedimientos concursales y perfiles de solicitantes. Esta iniciativa forma parte de una estrategia de transformación institucional que incluye la creación de la Unidad de Innovación, Transformación Digital y Educación Financiera.

Desafíos 2025: foco en las MIPEs

Para este año se ha propuesto avanzar en la labor fiscalizadora y reguladora del servicio mediante 33 planes para supervisar el cumplimiento de las exigencias impuestas por la Ley N.º 21.563 a los sujetos fiscalizados; se está trabajando en una variedad de medidas para responder al aumento en la demanda del Procedimiento de Renegociación; se está colocando mayor atención referente al fortalecimiento Institucional; y robusteciendo el apoyo a las MIPEs de nuestro país a través de diversos proyectos, a fin de mejorar la atención a las micro y pequeñas empresas y optimizar sus canales de atención.

“Seguiremos trabajando para que la insolvencia deje de ser vista como un estigma y se entienda como una oportunidad para reemprender con respaldo institucional. Nuestro compromiso es construir una institución transparente, ética, con perspectiva de género en todos sus procesos y centrada en las personas”, concluyó Hugo Sánchez al finalizar su última cuenta de gestión.