Durante octubre, la CMF desarrollará junto a Senama, Senadis, Superir y Dedecon distintas acciones de educación financiera orientadas a acercar información y herramientas a públicos con necesidades y realidades diversas.

05 de octubre de 2026.

Santiago. En el marco del Mes de la Inclusión y la Educación Financiera (MIEF), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reforzará su trabajo colaborativo con distintos servicios públicos para ampliar el alcance de sus acciones y acercar la educación financiera a más personas.

La colaboración con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) y la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) permitirá desarrollar actividades dirigidas a distintos públicos, considerando sus características y necesidades específicas.

Este trabajo combina la experiencia de la CMF en inclusión y educación financiera con el conocimiento y la capacidad de llegada que cada institución tiene respecto de las personas con las que trabaja.

La Presidenta de la CMF, Catherine Tornel, señaló que “La educación financiera tiene que llegar a las personas de manera cercana, clara y pertinente. Desde la CMF queremos ampliar el alcance de nuestras acciones y trabajar junto a distintos servicios públicos para responder mejor a las necesidades de públicos diversos y entregar herramientas que les permitan tomar decisiones financieras más informadas y seguras”.

Uno de los ámbitos en los que esta colaboración ya se ha venido desarrollando es el trabajo con personas mayores junto a Senama.

La directora nacional (S) de SENAMA, Karen Caiceo, destacó que “gracias a esta alianza con la CMF contribuimos con herramientas concretas al conocimiento financiero y la seguridad que deben tener las personas mayores en este ámbito. En el último tiempo han existido grandes avances digitales en materia financiera, sin embargo, estas medidas pueden llegar a afectar a esta población, si no se generan acciones que permita incorporarlas y evitar situaciones de exclusión”.

La educación financiera también debe considerar las distintas barreras que pueden enfrentar las personas para acceder, comprender y utilizar información financiera. En el trabajo con Senadis, el foco está puesto en avanzar hacia contenidos más accesibles e inclusivos para personas con discapacidad.

El Director Nacional (S) de Senadis, Jorge Juárez, expresó que: “La educación financiera es indispensable para fortalecer la autonomía personal, la autodeterminación y la vida independiente de las personas con discapacidad, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre sus recursos y proyectos de vida. La inclusión nos desafía como sociedad a generar información accesible”.

Otro eje del trabajo conjunto es fortalecer las capacidades de los propios funcionarios públicos. En esta línea, la CMF desarrollará el curso Educación Financiera como Habilitador de la Inclusión Financiera, orientado a entregar herramientas a funcionarios de Superir.

La Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento (S), Johana Álvarez Ahumada, señaló que “Valoramos especialmente esta instancia de colaboración con la CMF, ya que permitirá fortalecer las capacidades y conocimientos de nuestros funcionarios en estas materias. Contar con mejores herramientas técnicas no solo contribuirá a entregar información y orientación de mayor calidad a nuestros usuarios, sino también a complementar nuestras funciones con las que desarrolla la CMF, avanzando en el desafío de promover mayor inclusión financiera”.

La colaboración también permitirá acercar contenidos a quienes desarrollan actividades económicas por cuenta propia. Junto a Dedecon, la CMF realizará una intervención dirigida a microempresarios, combinando contenidos de educación financiera con materias vinculadas al ámbito de acción de ese servicio.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, destacó que “Nuestro trabajo no solo está enfocado en proteger los derechos de los contribuyentes, sino también en entregar conocimientos y herramientas para que puedan desenvolverse de mejor manera en el sistema tributario. A través de la educación y el acompañamiento tributario buscamos apoyar especialmente a emprendedores y microempresarios, para que puedan formalizarse, cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos de manera informada». 

Durante octubre, estas y otras acciones formarán parte de la agenda del Mes de la Inclusión y Educación Financiera.

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29 de septiembre de 2026.

Copiapó. Más de 100 trabajadoras a nivel nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) participaron esta tarde en una charla telemática de Educación Financiera en materia de Insolvencia, dictada por el Coordinador Regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de Atacama, Alejandro Flores.

La actividad se desarrolló mediante una metodología participativa, que permitió a las asistentes adquirir conocimientos prácticos sobre cómo solicitar un Procedimiento de Renegociación de Deudas, establecido en la Ley N.º 20.720. El profesional explicó que esta herramienta constituye un salvavidas fundamental para las personas que enfrentan situaciones de sobreendeudamiento, permitiéndoles establecer nuevos plazos y cuotas con sus acreedores si registran dos o más deudas vencidas por más de 90 días que sumen más de 80 UF.

“Este procedimiento es 100% gratuito, voluntario y no requiere contratar un abogado. Nuestro rol principal es actuar como facilitadores y mediadores entre la persona y sus acreedores, acompañándolos en cada etapa para lograr un acuerdo con cuotas y plazos que se ajusten a su real capacidad económica», señaló el Coordinador Regional, Alejandro Flores.

Finalmente, las organizadoras de JUNJI valoraron y agradecieron la instancia formativa, señalando que este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer la educación financiera y favorece la toma de decisiones informadas y responsables en la vida personal y familiar de las funcionarias.

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14 de septiembre 2026.

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento informa que en este periodo 5.496 personas iniciaron Procedimientos de Renegociación, más del doble que en igual período de 2025. En el ámbito empresarial, se registraron 541 liquidaciones, 329 de ellas correspondientes a microempresas. Las cifras reflejan un mayor conocimiento y uso de las herramientas disponibles para enfrentar situaciones de sobreendeudamiento e insolvencia y avanzar hacia una mayor estabilidad financiera.

Entre enero y agosto de 2026 se registraron 11.326 Procedimientos Concursales de personas y empresas, de acuerdo con datos del último Reporte Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir). De ese total, el 48,5% correspondió a Renegociación de la Persona Deudora; un 46,3%, a Liquidación de Bienes de Personas; el 4,8%, a Liquidación de Activos de Empresas, y un 0,4%, a Reorganización de Empresas.

El Procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora es el procedimiento concursal que registra el mayor crecimiento durante los primeros ochos meses de este año. A agosto, un total de 5.496 personas accedieron a esta herramienta, cifra que significa un aumento de 124% respecto de los 2.451 registrados durante el mismo periodo de 2025.

La mayoría de quienes utilizan este procedimiento concursal, son trabajadores dependientes (84,7%, 4.656 casos), principalmente de entre 30 a 44 años de edad (62,4%) y con ingresos mensuales superiores a $1,75 millones (50%). Asimismo, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia, el 53,8% de quienes usan el mecanismo son hombres (2.955) y el 46,2%, mujeres (2.541).

Respecto del tipo de deuda renegociada, sin considerar los créditos hipotecarios, el monto promedio de deuda per cápita se sitúa en $46 millones, siendo mayor en hombres, con un promedio de $49,9 millones, mientras que en mujeres la deuda promedio llega a $42,6 millones.

Es importante destacar que el 72,3% del total de las solicitudes corresponde a personas que emiten boletas de honorarios fenómeno que refleja los efectos de la ampliación del acceso al mecanismo para este tipo de trabajadores, a partir de las modificaciones incluidas en la Ley N.º 21.563 de 2023.

“El aumento de las solicitudes de Renegociación muestra que cada vez más personas están utilizando las herramientas que entrega la Ley para enfrentar sus dificultades financieras y buscar una solución que les permita volver a proyectarse. Nuestro llamado es a informarse y actuar oportunamente. La Renegociación es gratuita, no requiere abogado y permite buscar acuerdos con los acreedores, con el objetivo de ordenar las deudas y generar condiciones para volver a empezar y reemprender”, señaló la Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento (S), Johana Álvarez.

El Reporte Estadístico también da cuenta del inicio de 5.246 Procedimientos de Liquidación Bienes de Personas entre enero y agosto, reflejando un aumento de 20% respecto de igual período de 2025, equivalente a 869 casos adicionales. El perfil de quienes recurrieron a este mecanismo muestra que el 66,1% tiene entre 30 y 44 años, y que un 56,1% registra ingresos superiores a $1 millón mensual, lo que evidencia una alta participación de personas económicamente activas que enfrentan problemas de sobreendeudamiento.

Micro y pequeñas empresas concentran más del 80% de las liquidaciones

En el ámbito empresarial, los datos de la Superintendencia dan cuenta de 541 Procedimientos de Liquidación iniciados entre enero y agosto de 2026, y 43 Procedimientos de Reorganización a nivel nacional.

Las microempresas representan el 60,8% de las Liquidaciones, con 329 procedimientos, mientras que las pequeñas empresas alcanzan el 23,3%, con 126 procedimientos. En conjunto, las micro y pequeñas empresas concentran el 84,1% de las Liquidaciones iniciadas en el periodo. 

El 61,7% de los procedimientos de Liquidación, se concentra en el sector de Servicios, seguido por Industria, con un 33,5%. Los rubros de Comercio al por mayor y menor, y Reparación de vehículos, suman el 31,2%. Le siguen Industria manufacturera, con 20% de las liquidaciones, y Construcción, con un 12,9%.

En materia de Reorganización, entre enero y agosto de 2026 se han registrado 43 procedimientos a nivel nacional, un 38,7% más que en igual período de 2025. Un total de 22 correspondieron a micro y pequeñas empresas, y 21 a medianas y grandes empresas. Un 51,2% corresponde a Servicios, seguido por Industria con un 34,9%. Al considerar el sector económico divisamos que el 51,2% corresponde a Servicios, seguido por el 34,9% del sector Industria. Mientras que los rubros de comercio e industrias manufactureras concentran el 53,5% de estos casos.

“Tanto las personas como las empresas cuentan con herramientas contempladas en la legislación concursal para enfrentar situaciones de dificultad Como Superintendencia, queremos que esa información esté disponible y sea comprensible, de manera que quienes lo necesiten puedan conocer sus alternativas y tomar decisiones informadas, ya sea para ordenar sus deudas, reorganizar una empresa o cerrar un ciclo de manera ordenada”, concluyó la Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento (S).

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14 de septiembre de 2026.

Santiago. Nuevamente, nuestra institución participa en el proceso 2026 de la Medición de Satisfacción Usuaria (MESU), instrumento desarrollado por la Secretaría de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es conocer la experiencia de las personas usuarias y detectar oportunidades para mejorar la entrega de los servicios del Estado.

¿Cuándo se realizará la medición?

El levantamiento de la encuesta comenzó el 13 de agosto y se extenderá hasta noviembre de 2026.

Este año, el trabajo de campo del estudio MESU 2026 estará a cargo de la consultora CADEM.

En esta versión participan 79 instituciones públicas, seleccionadas por contar con un alto volumen de transacciones con la ciudadanía.

¿Para qué sirve la MESU?

Los resultados de esta medición permiten identificar oportunidades de mejora en los servicios públicos, considerando las necesidades y experiencias de las personas usuarias.

A partir de sus resultados, las instituciones participantes pueden definir planes de acción específicos orientados, entre otros aspectos, a:

• Simplificar trámites y procesos.
• Mejorar los canales de atención.
• Reducir los tiempos de tramitación.
• Entregar información más clara y oportuna.
• Fortalecer, en general, el funcionamiento y la calidad de los servicios del Estado. 

¿Cómo se aplicarán las encuestas?

La encuesta será aplicada mediante llamados telefónicos y/o correos electrónicos a personas que hayan realizado trámites en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), ya sea que estos hayan finalizado o que todavía se encuentren en proceso.

En el caso de los contactos telefónicos, la persona encuestadora se identificará como integrante de CADEM y señalará que, por encargo del Ministerio de Hacienda y en el marco del estudio de Medición de Satisfacción Usuaria, se comunica para conocer la experiencia de la persona respecto de un trámite realizado en la Superintendencia.

Tu opinión es importante

La Superir invita a las personas usuarias que sean contactadas a participar en esta medición. Su opinión y experiencia son fundamentales para identificar oportunidades de mejora y continuar fortaleciendo la calidad de los servicios que la institución entrega a la ciudadanía. Sus respuestas serán tratadas con total confidencialidad, analizadas en forma anónima y resguardando el secreto estadístico.

Más información

Para conocer más sobre la Medición de Satisfacción Usuaria (MESU) 2026, visite: