El superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez, resaltó que “nuestras estadísticas dan cuenta de que las personas tienen una buena disposición a hacer frente a sus obligaciones y responder a sus acreedores».
16 de octubre de 2018
SANTIAGO. Cuatro años se cumplen desde que entrara en vigencia la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas (20.720), la cual reemplazó a la Ley de Quiebras.
En ese contexto, la Superintendencia del ramo (Superir) entregó un balance del funcionamiento de la normativa, destacando el incremento que ha tenido el uso de la Renegociación, un trámite voluntario y gratuito donde se le facilita a la persona cumplir con sus obligaciones crediticias en nuevas y mejores condiciones, tras lograr a un acuerdo con sus acreedores.
De acuerdo al reporte de la Superir, si entre octubre de 2014 y septiembre de 2015, 735 personas se sometieron a este procedimiento, 1.208 lo han hecho en el último año, lo que significa un incremento de un 64%. (CIFRAS 4 AÑOS)
El superintendente Hugo Sánchez Ramírez, resaltó que “nuestras estadísticas dan cuenta de que las personas tienen una buena disposición a hacer frente a sus obligaciones y responder a sus acreedores. La alta tasa de acuerdo en las distintas audiencias de este procedimiento constituye, en este sentido, una potente y positiva señal, lográndose acuerdos en más del 92% de los casos”.
Para la autoridad, lo anterior demuestra “la efectividad de un sistema concursal que permite que una persona que ingresa siendo moroso, egrese de este siendo un deudor/a al día, en la gran mayoría de los procesos. Para los acreedores, resulta importante el recupero de sus acreencias sin necesidad de recurrir al sistema judicial ni a los costos asociados a esto en el proceso de Renegociación, lo que se traduce en un procedimiento equilibrado y beneficioso para ambas partes”.
En cuanto a la Liquidación de personas, un trámite que requiere de un o una abogado/a externo/a, donde la Superir actúa como supervigilante del proceso, entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, 3.095 personas han optado por la venta de sus bienes para pagar a sus acreedores, representando un incremento del 68% en relación a igual período 2016-2017.
Aplicación de la Ley en las empresas
En cuanto a las opciones que tienen empresas para hacer frente a una crisis financiera, un total de 175 se han sometido al procedimiento de la Reorganización, donde se experimentó un crecimiento del 19% desde que entró en operación la Ley al cuarto año.
Respecto de la Liquidación de empresas, un total de 3.026 han optado por esta alternativa.
En este punto, Hugo Sánchez puntualizó que “lo importante es que existe una herramienta para hacer un cierre formal de la empresa. Porque un cierre informal trae como consecuencia una serie de hechos negativos: los intereses que se generan por los créditos impagos siguen aumentando; se limita el acceso al crédito, al quedar registrados como deudores; se deterioran las relaciones comerciales con los/as proveedores/as; no se resuelve la situación laboral de los y las trabajadores/as y el no pago de los impuestos asociados a la empresa; y finalmente el no término de giro de la misma, no permite reemprender”.
Balance y desafíos
Para el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, “las cifras presentadas indican que está existiendo un mayor conocimiento de las herramientas que se crearon para ayudar a personas o a empresas a enfrentar sobreendeudamientos o situaciones económicas complejas.
En ese contexto, cuando se hace una comparación con la Ley de Quiebras, no más de 140 empresas y 2 personas por año, en promedio, se acogían a dicha normativa, “y hoy tenemos en total más de 13 mil procedimientos, lo que está en sintonía con el espíritu de la Ley N° 20.720, en cuanto a ser una ayuda efectiva por parte del Estado para quienes están en una situación de insolvencia, por medio de procedimientos de menor duración y costo de lo que existía bajo la antigua normativa”.
Hoy la Superir se ha impuesto como desafío aumentar la difusión de los procedimientos concursales. Para ello se han suscrito más de 60 convenios con instituciones públicas y privadas y se han efectuado más de 600 acciones de comunicación en los últimos dos años a nivel país, resaltando la realización de charlas y capacitaciones dirigidas a trabajadores/as de empresas; a vecinos/as por medio de acuerdos con municipios; funcionarios/as públicos y a micro, pequeños y medianos empresarios/as, gracias a un trabajo colaborativo con asociaciones gremiales como Propyme y Asech.
A lo anterior se suma un proyecto de Educación Financiera, a través del cual la Superintendencia busca orientar con consejos e información a todos aquellos que hoy se sienten abrumados por sus deudas.
Por último, Hugo Sánchez resalta el trabajo que durante un año han realizado al interior de la institución, con el apoyo de los integrantes del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), para perfeccionar la Ley. En ese contexto, la autoridad explicó que “el proyecto de Ley Miscelánea de Productividad y Emprendimiento presenta indicaciones que buscan que quienes emiten boletas a honorarios dejen de ser calificadas como ‘Empresa Deudora’ y pasen a ser ‘Persona Deudora’, para así poder acogerse a la Renegociación. Por otro lado, se crea el concepto de ‘Empresa de menor tamaño’, asegurando un acceso de menor costo al Proceso de Reorganización a este segmento”.
Acá podrá descargar el balance en cifras. CIFRAS 4 AÑOS
