19 de noviembre de 2026.
Santiago. Los integrantes pertenecientes al Subdepartamento de Fiscalización de Procesos Selectivos y Masivos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), Rocío Jara Ulloa, Encargada de la Unidad de Cierre de Procedimientos Concursales y Quiebras; María José Ilabaca Romo, de la misma unidad y Juan Pablo Letelier Villalón de la Unidad Contable Masiva efectuaron la 6ta charla del Ciclo de Capacitaciones en materias de insolvencia, instancia dirigida a integrantes del Poder Judicial y funcionarios/as de la Superir.
En esta ocasión, cerca de 100 personas conocieron las etapas del Procedimiento Concursal de Reorganización Simplificada, las competencias de los tribunales, las obligaciones de los veedores e interventores, entre otros temas.
La Reorganización Simplificada, establecida en la Ley 20.720 desde 2023, se consolida como una herramienta judicial importante para que las micro y pequeñas empresas (MIPE) viables puedan reestructurar sus deudas mediante acuerdos directos con sus acreedores. “Gracias a la reforma concursal, este procedimiento es más accesible al lograr una reducción efectiva de costos, disminuyendo los honorarios entre un 73% y un 80%, lo que significa que el proceso tradicional era hasta tres veces más costoso”, expresó Rocío Jara.
Para iniciar este trámite, las empresas deben acreditar su calidad de MIPE y presentar el estado de sus deudas mediante una declaración jurada simple, eliminando el gasto de un auditor independiente y respaldando su situación con antecedentes tributarios y contables básicos como la carpeta del SII y sus libros financieros. Asimismo, el proceso cuenta con el acompañamiento de un veedor encargado de supervisar la propuesta de acuerdo, emitir un informe de viabilidad y velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de la empresa durante toda la gestión.
Posteriormente, el profesional Juan Pablo Letelier profundizó en una metodología estructurada en cuatro etapas claves para al análisis financiero del procedimiento de reorganización simplificada, centrado en evaluar la rentabilidad, la liquidez y la capacidad de cumplimiento de las empresas.
En primer lugar, abordó el diagnóstico financiero y patrimonial como punto de partida para determinar con exactitud cuál es la situación actual de la empresa. A partir de esta base, se analizó la viabilidad económica y operacional, etapa destinada a evaluar si el negocio es realmente rentable y cuenta con las condiciones necesarias para seguir operando en el tiempo.
Asimismo, la presentación puso énfasis en la liquidez y la disponibilidad de recursos, revisando si la entidad dispone del efectivo suficiente para financiar su operación cotidiana sin interrupciones. Finalmente, se examinó la sostenibilidad financiera y el cumplimiento del acuerdo, paso fundamental para proyectar si la empresa podrá responder a los pagos comprometidos durante todo el proceso de reorganización simplificada.
Por último, la funcionaria María José Ilabaca explicó los problemas habituales detectados en los cierres de las quiebras, precisando que en Chile este tradicional concepto fue reemplazado por el Procedimiento Concursal de Liquidación. Según detalló, bajo la antigua Ley N.º 18.175 estas causas se suspendían mediante el sobreseimiento temporal cuando los bienes no alcanzaban para cubrir los gastos del juicio o concluían de forma permanente con el sobreseimiento definitivo, una vez pagados los créditos o cumplido el plazo legal.
Explicó los principales cambios instaurados en el cierre de quiebras tras la reforma del año 2023, la cual busca culminar las quiebras vigentes y propender a la rehabilitación de los fallidos.
Cabe recordar que esta iniciativa forma parte de un compromiso interinstitucional entre la Unidad de Insolvencia del Centro de Apoyo a los Juzgados Civiles de Santiago y la Superir, dirigido tanto a integrantes del Poder Judicial como a funcionarios y funcionarias de la propia Superintendencia.














