02 de abril de 2026.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Insolvencia, más de 65 mil personas naturales y empresas se han acogido a los distintos procedimientos concursales regulados en la Ley N.º 20.720, con el objetivo de superar situaciones de sobreendeudamiento y acceder a nuevas oportunidades de emprendimiento. En este contexto, la Superintendencia ejerce un rol fundamental, actuando como facilitadora en los procedimientos de Renegociación de personas deudoras y como entidad fiscalizadora de los sujetos que administran los procedimientos, velando por su efectividad, transparencia y cumplimiento de la normativa.
Santiago. Durante abril, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) celebra 12 años desde su constitución e inicio de actividades en el marco de la Ley N.º 20.720, normativa que tuvo como eje fomentar el emprendimiento como motor de la economía nacional, contribuyendo a la mayor realización de las personas. Para ello, resultaba necesario contar con un órgano fiscalizador dotado de potestades públicas que permitieran velar por la eficiencia de los procedimientos y el cumplimiento de la legislación aplicable en cada caso.
Uno de los grandes cambios generados por esta ley fue precisamente la adecuación de los procedimientos concursales permitiendo por primera vez que las personas naturales accedieran a estos procedimientos. Por esta razón, entre otras, desde su entrada en vigencia se ha observado un aumento significativo en el número de procedimientos concursales iniciados, en comparación con el antiguo régimen de quiebras contemplado en el Libro IV del Código de Comercio, tendencia que se ha intensificado luego de la entrada en vigor de la Ley N.º 21.563, el 11 de agosto de 2023, que modernizó la Ley N.º 20.720 e incorporó nuevos procedimientos concursales para personas naturales, micro y pequeñas empresas.
En este contexto, desde que comenzó a regir la Ley N.º 20.720 y hasta febrero de 2026, se han registrado 65.889 procedimientos concursales iniciados, de los cuales un 80% corresponde a personas naturales. Estas cifras dan cuenta de la magnitud de los procedimientos tramitados en el sistema concursal y de la relevancia del rol que ha correspondido a la Superintendencia en su supervisión, regulación y facilitación, en el marco de sus competencias legales.
La Superintendenta (S) Johana Álvarez Ahumada, destacó que “en estos 12 años hemos fortalecido el rol fiscalizador de la Superir, velando por la efectividad y transparencia de los procedimientos, impulsando soluciones para personas y empresas que enfrentan situaciones de sobreendeudamiento o insolvencia, y avanzando desde el estigma de «quiebra», hacia un sistema orientado a acompañar a las personas naturales y empresas en la búsqueda de nuevas oportunidades, que fue uno de los principales objetivos del cambio legal de 2014”.
Evolución de los Procedimientos Concursales
Al revisar el impacto en personas, los datos de los últimos doce años dan cuenta de un total de 15.679 usuarios que han accedido al procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora, lo que les ha permitido acordar nuevas condiciones de pago, reducir su carga financiera y cumplir con sus obligaciones sin perder sus bienes. Otras 37.750 personas han accedido al mecanismo judicial de Liquidación de Bienes, una herramienta que, desde el punto de vista del deudor, busca extinguir los créditos existentes al momento del inicio del procedimiento, siempre que se cumpla con la normativa concursal vigente.
En cuanto a las empresas, entre 2014 y febrero de este año, se registran 546 procedimientos concursales de Reorganización, proceso que busca la continuidad de negocios viables mediante la reestructuración de sus activos y pasivos. Asimismo, se han iniciado 11.914 procedimientos concursales de Liquidación.
Historia de la Superir
Con la Ley 20.720, la Superir fue la continuadora legal de la ex Superintendencia de Quiebras y se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dando paso a una de sus transformaciones más relevantes desde 1979, cuando se reorganizó como Sindicatura Nacional de Quiebras, dependiente del Ministerio de Justicia.
El nombre de la Superintendencia fue definido en línea con uno de los principales objetivos del cambio legal de 2014, que fue terminar con la estigmatización de aquella persona que fracasa en un emprendimiento, asociado históricamente al concepto de quiebra. En esa lógica, nació un nuevo servicio público, con mayores facultades y un enfoque centrado en las personas, que fortaleció la atención directa a usuarios a lo largo del país, mediante la instalación de oficinas regionales desde Arica a Punta Arenas, acercando orientación, acompañamiento y respuestas oportunas a quienes enfrentan situaciones de insolvencia.
Este enfoque se refleja en su quehacer institucional: en estos 12 años, las y los funcionarios de la Superintendencia han realizado 254.781 atenciones, de las cuales 182.147 han sido presenciales, 61.370 telefónicas y 11.264 telemáticas, evidenciando un despliegue sostenido que ha permitido acercar el Estado a las personas en situaciones de insolvencia.
La evolución de la institución ha estado marcada por un proceso sostenido de modernización y fortalecimiento de sus funciones. Por una parte, se ha ampliado la oferta de servicios en línea, facilitando el acceso de usuarios en todo el país; por otra, se ha consolidado su rol fiscalizador mediante la implementación de un modelo de fiscalización basada en riesgos, que permite focalizar los esfuerzos donde existe mayor riesgo de incumplimiento; y, adicionalmente, se ha fortalecido su rol regulador a través de la dictación de normativas e instrucciones de carácter general que contribuyen a dotar de mayor claridad, uniformidad y certeza al sistema.
Este enfoque integral ha permitido reforzar el control sobre el actuar de Liquidadores, Veedores, Interventores, Martilleros Concursales, Síndicos de Quiebras y Asesores Económicos de Insolvencia, promoviendo el cumplimiento de la normativa, resguardando la transparencia y otorgando mayor certeza jurídica a todos los intervinientes, junto con asegurar la correcta aplicación del sistema concursal.
De esta forma, la Superintendencia continúa consolidando su rol en el fortalecimiento de un sistema concursal moderno, transparente y orientado a las personas.
