06 de septiembre de 2024.
Calama. Esta mañana la Coordinadora Regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), Claudia Gaona, junto al Director Regional de Sernac, Fernando Sepúlveda, realizaron un taller de Educación Financiera en la ciudad de Calama dirigido a usuarias y mujeres pertenecientes a los programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).
La abogada de la Superir presentó los Procedimientos Concursales de Personas (Renegociación y Liquidación Simplificada), con objeto de dar a conocer e informar los derechos que tienen las personas en caso de sobreendeudamiento.
La abogada explicó cuáles son los requisitos, cómo se solicitan los procedimientos y los documentos que debe presentar al momento de acercarse a la Superintendencia buscando orientación en materia de insolvencia.
Recalcó que a una Renegociación pueden acceder todas las personas naturales que sean sujetos de crédito. Por ejemplo: trabajadores/as asalariados/as, trabajadores/as independientes, dueños/as de casa, jubilados/as, estudiantes.
Cabe destacar que la Superintendencia tiene como función actuar como facilitadora de acuerdos (mediadora), ayudando a que las partes, deudor/a y acreedores, puedan adoptar una solución satisfactoria a sus intereses.
Por su parte, el Director Regional del Sernac, Fernando Sepúlveda, abordó los alcances de la Ley Pro Consumidor. Normativa que busca fortalecer los derechos de las personas consumidoras.
«En ese contexto, el llamado del Sernac es siempre comprar en el comercio establecido, y de esta forma hacer valer sus derechos como consumidor, ya sea en seguridad en los productos, boleta, garantía, entre otros», sostuvo Sepúlveda.
Agregó que, en caso de que un/a consumidor/a sienta que sus derechos han sido vulnerados o sufrió un daño mayor, debe reclamar ante la empresa. Si no obtiene una respuesta positiva, puede reclamar ante el Sernac.
La instancia participativa permitió visibilizar las alternativas legales para enfrentar una situación de endeudamiento o insolvencia, sumado a los derechos con que cuentan los ciudadanos y ciudadanas para que estén más informadas y protegidas al momento de adquirir productos y servicios.
