05 de julio de 2023.
Las Condes. El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), Hugo Sánchez Ramírez, participó esta mañana en un Conversatorio y el primer Credit&Collections Business Coffee, organizado por la Revista Ciclo de Riesgo Chile.
La actividad contó con seis bloques- entre paneles y entrevistas- enfocados en novedades relacionadas al Ecosistema Financiero, especialmente, Créditos, Cobranzas, Ley de Insolvencia, Tecnología, Gobernanza y Cumplimiento.
En este espacio, dirigido por el director de la revista Hernán Teichelmann, la principal autoridad de la Superir, evaluó la normativa desde su entrada en el año 2014, para luego dar paso a las modificaciones que esta tendrá a partir del 11 de agosto.
Se destacó que desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 20.720 en octubre de 2014 a junio del presente año, se han iniciado 41.410 Procedimientos Concursales, de los que un 75% corresponde a casos de persona deudora y un 25% a empresa deudora.
“En Chile, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento ha desempeñado un papel crucial en la protección de las empresas y las personas que enfrentan problemas financieros significativos. Promulgada en 2014, esta ley ha demostrado ser una herramienta eficaz para reactivar la economía. Al proporcionar un marco legal que protege tanto los intereses de los deudores como de los acreedores, se genera confianza en el sistema financiero y se promueve un clima propicio para la inversión. Siendo, sin duda, un pilar fundamental para la estabilidad y el desarrollo económico en Chile”, expresó Sánchez.
Agregó que luego de dos años y medio, el servicio bajo su mandato, logró modernizar la legislación concursal actual y crear nuevos procedimientos, a través de una batería importante de medidas.
“Se introdujeron múltiples mejoras a la actual ley, que implica un mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos burocráticos y de menor costo, lo que les permite tener una segunda oportunidad en sus actividades económicas”, sentenció.
Dentro de los objetivos perseguidos estaban: Disminuir la pérdida social y económica de la sociedad a través de una reasignación eficiente de los recursos, haciéndose cargo de las empresas que dejan de ser viables; Agilizar y simplificar aspectos burocráticos de los procedimientos concursales actuales; Crear procedimientos concursales simplificados de rápida tramitación y de bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas; Incrementar las tasas de recuperación de créditos promoviendo las reorganizaciones por sobre las liquidaciones; Entregar mayor certeza jurídica; y Desincentivar a la utilización maliciosa de los procedimientos concursales.
