La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento reportó un crecimiento de 146% en las Renegociaciones de Personas Deudoras, ejecutó más de 10.000 acciones de fiscalización y presentó sus principales ejes de acción para el período 2026-2027

La Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento (S), Johana Álvarez Ahumada, presentó esta mañana la Cuenta Pública Participativa de la institución, destacando los principales resultados de gestión institucional 2025, la que estuvo marcada por un fuerte aumento en la demanda de procedimientos concursales, particularmente en materia de personas deudoras, e importantes avances en optimización de procesos, fiscalización, regulación y modernización institucional.

En su exposición, la Superintendenta (S) destacó la evolución que ha experimentado el sistema concursal chileno, resaltando el creciente uso de los procedimientos contemplados en la Ley N.º 20.720 por parte de la ciudadanía para enfrentar situaciones de insolvencia y sobreendeudamiento.  Reflejo de ello fue el aumento de 146% en las Renegociaciones de Personas Deudoras, y de 44% en las Liquidaciones de Personas. En este escenario, los esfuerzos del Servicio durante el 2025 estuvieron enfocados en “fortalecer su capacidad operativa, reorganizar equipos, optimizar procesos e impulsar mejoras regulatorias y de gestión con el objetivo de responder de manera más eficiente a las nuevas exigencias del sistema”, precisó Johana Álvarez.

Lo anterior fue acompañado de una intensa actividad fiscalizadora sobre los sujetos bajo supervisión: Liquidadores, Veedores, Asesores Económicos de Insolvencia, Martilleros Concursales, Interventores, Administradores de la Continuación de Actividades Económicas y Síndicos de Quiebras, del antiguo sistema. A través de la profundización del modelo de fiscalización basada en riesgos, en 2025 Superir realizó más de 10.066 acciones de fiscalización, tramitó 28 procedimientos sancionatorios aplicando sanciones por más de 4.500 UTM, impulsó el perfeccionamiento de la normativa concursal y desarrolló iniciativas de transformación digital e innovación, obteniendo el mejor resultado de su historia en el Índice de Innovación Pública, al subir 27,4 puntos respecto de la medición anterior.

La Superintendenta también destacó las cifras de atención ciudadana y servicios digitales. En 2025 se realizaron más de 23 mil atenciones directas, siendo el 63% presenciales; y se gestionaron cerca de 100 mil trámites a través de la plataforma MiSuperir, de los cuales más de 22 mil corresponden a trámites vinculados a solicitudes de renegociación.

En la misma línea, la autoridad resaltó el fortalecimiento de la labor de difusión y educación financiera que desarrolló el servicio, a través de 96 charlas regionales y la ejecución de más de 70 operativos de atención en coordinación con municipios y otros organismos públicos. Asimismo, la institución consolidó su vinculación internacional, ampliando su participación en redes y foros, destacando la realización -por primera vez en Chile y Sudamérica-, de la Conferencia Anual de la Asociación de Reguladores de Insolvencia (IAIR) 2025, que reunió en Santiago a representantes de 30 países.

Por último, Johana Álvarez, destacó el avance de la institución en la elaboración de su primer Compendio Normativo, iniciativa destinada a sistematizar y modernizar la regulación administrativa vigente, fortaleciendo la accesibilidad y coherencia del marco regulatorio. “Ninguno de estos avances habría sido posible sin el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio de las funcionarias y funcionarios de la SUPERIR, quienes demostraron una enorme capacidad de adaptación frente a un escenario de alta exigencia. Su esfuerzo permitió dar continuidad a funciones esenciales para el adecuado funcionamiento del sistema concursal y aportar al desarrollo económico del país”, enfatizó la Superintendenta (S).

Crecimiento de procedimientos concursales

Durante 2025 se registraron 9.651 solicitudes de Renegociación de la Persona Deudora, de las cuales 4815 fueron declaradas admisibles. Este procedimiento permite a las personas deudoras acordar nuevas condiciones de pago con sus acreedores respecto de sus obligaciones, constituyéndose en una herramienta que cada año contribuye a la recuperación financiera de miles de personas.

La Superintendenta (S) señaló que esta alza responde, por una parte, al mayor conocimiento ciudadano sobre este procedimiento y, por otra, a la materialización de los efectos de las modificaciones introducidas por la Ley N.º 21.563, en el año 2023, que amplió el acceso al mecanismo de Renegociación de la Persona Deudora a quienes emiten boletas de honorarios. Actualmente, siete de cada diez usuarios del procedimiento corresponden a personas de este perfil.

El procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora implicó, además, la dictación de 18.893 resoluciones exentas vinculadas a su tramitación, lo que representa un aumento de 43% respecto de 2024. Asimismo, la Superintendencia llevó a cabo más de 4.800 audiencias, en las que actúa como facilitadora entre las personas deudoras y sus acreedores. La Superintendenta (S) destacó que la tasa de éxito de estas audiencias -entendida como aquellas en que las partes alcanzan un acuerdo- supera el 98%, lo que evidencia la efectividad de este mecanismo para facilitar acuerdos entre las personas deudoras y sus acreedores y contribuir a la recuperación de su estabilidad financiera.

Entre las medidas tomadas para enfrentar este volumen de acciones, destacó la emisión de la nueva Norma de Carácter General N.º 28, que adecuó la norma que rige a la Renegociación de la persona deudora a la exigencia de la demanda actual, a través de la simplificación de requisitos y la facilitación del acceso de la ciudadanía al procedimiento. La Superintendenta (S) precisó que estos cambios, junto a otras medidas de optimización de los flujos de trabajo y mejoras a los sistemas informáticos, han mejorado el tiempo de tramitación reduciendo en 41% el tiempo promedio de examen de admisibilidad, y manteniendo la tasa de éxito sobre 98%.

En cuanto a las Liquidaciones de Personas, estas aumentaron 44% en 2025 respecto de 2024, registrando un total de 6.795 procedimientos.

Por su parte, en 2025 se iniciaron 681 procedimientos de Liquidación de Empresas, un 4% más que el año anterior. En tanto, las Reorganizaciones de Empresas, totalizaron 41 procedimientos durante el periodo, -41% frente a 2025.

“Vemos una consolidación de las herramientas diseñadas para empresas de menor tamaño. Tanto los Procedimientos Simplificados como las Asesorías Económicas de Insolvencia están permitiendo que más emprendedores y empresas accedan a soluciones oportunas y acordes a su realidad financiera”, señaló Álvarez.

Prioridades institucionales para 2026-2027

Al término de su presentación, la Superintendenta (S) expuso las principales prioridades estratégicas de la Institución, destacando el fortalecimiento de la Renegociación de la Persona Deudora, el perfeccionamiento y modernización del marco normativo, la transformación digital, la consolidación de un modelo de supervisión basado en riesgos y en datos, el fortalecimiento institucional y la educación financiera.

Asimismo, señaló que la Institución impulsará una nueva etapa de transformación digital, fortaleciendo su infraestructura tecnológica, la gobernanza de los datos y la ciberseguridad, con el propósito de mejorar la eficiencia de los procesos institucionales y la calidad y oportunidad de los servicios que entrega a la ciudadanía. “Nuestro compromiso es seguir generando valor público mediante servicios más oportunos, una supervisión más efectiva y una institucionalidad capaz de adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos”, concluyó.

 

 

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07 de julio de 2026.

La iniciativa forma parte de un desafío de innovación institucional orientado a mejorar el Procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora, para hacer frente al aumento sostenido de la demanda de este mecanismo. El plan piloto comenzará a regir el próximo 13 de julio.

Santiago. Con el objetivo de avanzar hacia una atención más oportuna y eficiente para los intervinientes del Procedimiento de Renegociación, esto es la Personas Deudoras y los acreedores, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) presentó el Plan Piloto de Audiencia de Determinación de Pasivo en modalidad asincrónica, iniciativa que se implementará entre el lunes 13 hasta el viernes 31 de julio, con las primeras 30 audiencias.

El lunes 06 de julio, se realizó una de las actividades más relevantes de esta iniciativa, en la que se convocó a los representantes de los acreedores y de los deudores que participarán del piloto, a quienes se les detalló la operativa de esta nueva modalidad, sus principales características y el contexto que motivó su desarrollo.

Las nuevas Audiencias de Determinación de Pasivo (ADP) asincrónicas, surgen como respuesta a las necesidades que ha generado el fuerte incremento de las solicitudes de acceso al Procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora, regulado por la Ley N.º 20.720. Este procedimiento contempla una serie de audiencias sucesivas en las que Superir actúa como facilitador: las “ADP”, en que se definen las deudas vigentes de las personas que se acogen al procedimiento; las “Audiencias de Renegociación”, en que se acuerdan las nuevas condiciones de pago; y, en caso de que no se produzca acuerdo en alguna de las anteriores, la “Audiencia de Ejecución”.

Durante el 2025, se declararon admisibles 4.815 solicitudes de renegociación, lo que representa un aumento de un 146% en comparación con el 2024.  Las solicitudes admisibles generaron un total de 2.876 Audiencias de Determinación de Pasivos y 1.937 audiencias de Renegociación. A junio de 2026, la Superir ha declarado admisible un total de 3.819 Solicitudes de Renegociación.

En este contexto, el piloto de audiencias asincrónicas de ADP, busca generar un mecanismo que permita enfrentar de mejor manera el mayor volumen de audiencias que se viene generando, a consecuencia del mayor uso del procedimiento de Renegociación. Con ello se espera acortar la brecha entre la alta demanda y la capacidad operativa disponible para gestionar oportunamente estas instancias, y reducir paulatinamente los tiempos de tramitación.

“Las personas que recurren a este procedimiento necesitan respuestas oportunas. Reducir los tiempos de espera es una prioridad institucional, porque impacta directamente en su bienestar, en la certeza sobre su situación financiera y en las posibilidades de alcanzar acuerdos con sus acreedores. Esta es una más de una serie de medidas que se han venido tomado desde el año pasado para mejorar el funcionamiento de este procedimiento, lo que incluye ajustes normativos, a través de la nueva Norma de Carácter General N°28, la reorganización de los equipos en orden a las nuevas necesidades de atención, la optimización de procesos a través del rediseño de flujos de tramitación, y un trabajo participativo con los agentes – acreedores y representantes de los deudores –  que participan en los procesos regularmente”, señaló Patricia Chotzen, jefa del Departamento Jurídico de la Superir.

Aplicando modelo de innovación

El desarrollo del desafío de innovación del piloto “Audiencias de Renegociación: tiempos, capacidad y diseño”, se hizo utilizando metodología ágil, con diagnóstico inicial integral que permitió definir los ejes de acción, para la propuesta de mejoras normativas y operativas en el procedimiento.

El diagnóstico reveló que uno de los principales factores que explica la extensión de los tiempos del procedimiento, son los períodos de espera que se producen entre cada una de las audiencias que contempla este mecanismo, es decir, entre la Admisibilidad y la Audiencia de Determinación de Pasivo, y luego, entre esta y la Audiencia de Renegociación.

En este contexto, la modalidad asincrónica de las audiencias de determinación de pasivo se presenta como una alternativa innovadora para optimizar la gestión de los procesos, manteniendo el cumplimiento de las exigencias legales y resguardando los derechos de todas las partes involucradas.

La iniciativa permitirá, asimismo, evaluar nuevas formas de interacción entre las personas deudoras, sus representantes y los acreedores, buscando aumentar la capacidad de respuesta del sistema y reducir los tiempos de tramitación.

A través de este piloto, la Superir busca generar evidencia, aprender de la experiencia de los usuarios y avanzar hacia soluciones que permitan fortalecer el acceso oportuno a los beneficios de la Renegociación, contribuyendo a una respuesta más eficiente para quienes enfrentan situaciones de sobreendeudamiento.

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07 de julio de 2026.

Puente Alto. Durante esta jornada, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) participó en una Feria de Servicios desarrollada por la División de Organizaciones Sociales (DOS) en la comuna de Puente Alto.

La instancia, de carácter informativo y comunitario, tuvo como objetivo acercar la oferta pública a las personas, facilitando el acceso a orientación y apoyo estatal directamente en los territorios donde viven las comunidades. De esta manera, los distintos servicios pudieron entregar información y resolver consultas de manera directa.

En la actividad, el representante de la Superir, Marco Lagos, orientó a las y los asistentes sobre las alternativas disponibles para quienes atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, explicando los derechos de las personas y de las micro y pequeñas empresas (MIPEs) frente a escenarios de insolvencia.

Además, informó sobre los requisitos necesarios para acceder al Procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora, los antecedentes que deben presentar quienes solicitan esta herramienta y los pasos para recibir orientación por parte de la Superintendencia.

Finalmente, se destacó que las personas interesadas pueden iniciar su solicitud de manera completamente digital a través del sitio web institucional ingresando con su Clave Única y siguiendo las indicaciones disponibles en la plataforma.

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03 de julio de 2026.

Cerca de 30 emprendedores y emprendedoras participaron esta mañana en una charla informativa impartida por la Coordinadora Regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de Tarapacá, Paulina Ávila.

La actividad se realizó en la sede de la Junta de Vecinos Caupolicán de Iquique y tuvo como propósito dar a conocer las herramientas legales y administrativas disponibles para enfrentar situaciones de sobreendeudamiento e insolvencia, tanto para personas naturales como para micro y pequeñas empresas.

Durante la jornada, las y los asistentes conocieron los principales alcances de las leyes N.º 20.720 y N.º 20.416, normativas que regulan los mecanismos de apoyo para quienes enfrentan dificultades financieras.

En la oportunidad, Paulina Ávila explicó que la normativa 20.720 busca favorecer la recuperación de empresas viables y agilizar la resolución de los procesos de insolvencia. Asimismo, destacó que las personas pueden acceder al procedimiento de Renegociación de Deudas, mientras que la Liquidación Simplificada constituye una alternativa judicial para quienes ya no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, así como para las micro y pequeñas empresas que no pueden continuar operando.

Este procedimiento contempla la administración y venta de los bienes de la persona o empresa deudora por parte de un liquidador o liquidadora, con el objetivo de pagar las deudas pendientes con sus acreedores.

Además, se informó sobre la Asesoría Económica de Insolvencia de la Ley 20.416, un instrumento de apoyo preventivo dirigido a micro y pequeñas empresas que presentan dificultades financieras. Esta herramienta permite acceder al acompañamiento de un/a profesional especializado/a, elegido directamente por la empresa o designado por la Superir mediante sorteo.

El profesional realiza un diagnóstico integral de la situación financiera, contable y económica del negocio, identifica las causas del sobreendeudamiento y propone una estrategia personalizada para superar la crisis. Asimismo, este mecanismo contempla un período de Protección Financiera Concursal de hasta 90 días, durante el cual la empresa queda resguardada frente a determinadas acciones de cobro judicial, favoreciendo la búsqueda de soluciones oportunas para su continuidad.

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