20 de enero de 2026.
Santiago. Profesionales del Departamento de Fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), realizaron dos jornadas de capacitaciones dirigidas a Sujetos Fiscalizados, enfocadas en la Nueva Metodología de Cálculo de Intereses y Reajustes en los repartos de fondos de AFP y AFC, y su correcta aplicación en el marco de la Ley N.º 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento, cuyo marco teórico y práctico es el fruto de una mesa de trabajo mixta entre la Superintendencia de Pensiones y nuestro servicio, que a la fecha lleva más de 6 sesiones.
Ambas actividades tuvieron como objetivo fortalecer el conocimiento técnico y normativo de los/as participantes respecto de los nuevos criterios aplicables al cálculo de cotizaciones previsionales adeudadas, considerando los reajustes e intereses que deben incorporarse en los procedimientos concursales de Reorganización y Liquidación. En particular, se abordó el impacto que esta metodología tiene en la determinación del monto de los créditos previsionales que las AFP y la AFC verifican en los concursos.
Durante las capacitaciones, los/as funcionarios/as de la Superir explicaron los principales cambios introducidos por la Ley N°21.735, llamada “Reforma Previsional” al DL 3500, la cual entre otras cosas contiene una nueva metodología que contempla los “multifondos”.
Lo anterior busca garantizar que los montos de cotizaciones previsionales adeudadas, verificados y reconocidos en una liquidación concursal, al momento de reparto de fondos, reflejen correctamente las nuevas reglas de actualización de las cotizaciones obligatorias. El objetivo es mejorar la protección de los/as trabajadores/as y asegurar la exactitud en los procesos de Liquidación y revisión de deudas.
Asimismo, se analizaron casos prácticos y situaciones habituales que se presentan en los procedimientos concursales, poniendo énfasis en la correcta cuantificación de las deudas previsionales, la coordinación con la información proporcionada por las AFP y la AFC, y la importancia de aplicar criterios uniformes que otorguen certeza jurídica a los procesos.

























