12 de diciembre de 2019.

Concepción. Hasta la oficina regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) Biobío, se acercaron emprendedores, micro y pequeños empresarios acompañados del director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Desarrollo de Concepción, Marcelo Sandoval, a fin de conocer las alternativas legales para prevenir una insolvencia.

En la ocasión, el Coordinador Regional de la Superir, Javier Ramos, explicó la normativa N.º 20.416 y los Procedimientos Concursales contenidos en la Ley 20.720, sumado a tips para identificar si su empresa es viable o no.

Los participantes- beneficiarios y apoyados por el Área de Emprendimiento y Derecho de la Empresa de la Clínica Jurídica UDD- obtuvieron información sobre cómo opera la Ley 20.416 y el rol del Asesor Económico de Insolvencia, que es una persona natural sujeta a la fiscalización de la Superir, habilitada para efectuar un estudio de la situación económica, financiera y contable del deudor que previamente hubiere requerido su intervención.

Por otro lado, cabe recordar que permanentemente ambas instituciones están trabajando en conjunto gracias a un convenio suscrito con fecha 18 de agosto de 2016.

12 de diciembre de 2019.

Antofagasta. «Hoy apoyar a los emprendedores es clave para impulsar políticas de proinversión regional a través de proyectos sustentables» fue el compromiso que realizó el Seremi de Economía de la región de Antofagasta, Ronie Navarrete, a socios de la Asociación Gremial Pymes del Norte.

A la mencionada reunión, la autoridad regional de la cartera de economía fue acompañado de la Coordinadora de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), Claudia Gaona, con objeto de dar a conocer las medidas de Gobierno enfocadas a las Pymes y resaltar el apoyo que está prestando la Superintendencia en materia de Insolvencia.

La abogada de la Superir, expresó que “como Servicio estamos estregando orientación jurídica a las pymes, mipymes y emprendedores afectados, a fin de apoyar y diagnosticar una propuesta de gestión para superar la crisis, sea a través de la Ley 20.416 que se enfoca en las micro y pequeñas empresas ofreciendo un Asesor Económico de Insolvencia, o la Ley N.º 20.720 a través de los procedimientos concursales de Liquidación o Reorganización”.

Al cierre, ambos personeros comunicaron que como Gobierno se está realizando una campaña comunicacional para fomentar las compras en las pymes y facilitar su recuperación y desarrollo; existen préstamos y garantías blandas, entre otras medidas que se pueden encontrar en elijopyme.cl.

12 de diciembre de 2019.

Santiago. Gracias a un convenio de colaboración firmado en agosto del año en curso, entre el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), hoy se realizó una charla sobre el Procedimiento de Renegociación de la Ley N.º 20.720, a los funcionarios región Metropolitana.

En la oportunidad, el abogado de la Superir, Álvaro Bravo, explicó que la Renegociación es una herramienta gratuita y voluntaria, que tiene por finalidad que la persona deudora acuerde una nueva forma de pagar sus obligaciones, conforme a sus reales capacidades.

En la misma línea, manifestó los requisitos y mecanismos de solicitud, e invitó a los asistentes a informarse sobre mayores detalles de la normativa en las páginas www.superir.gob.cl y en www.tenlaclara.cl.

11 de diciembre de 2019.

Santiago. La profesional de la Superintendencia de Insolvencia, Sara Cortés, dictó la charla “Asesorías Económicas de Insolvencia: Normativa para los Emprendedores Ley N.º 20.416” a usuarios del Centro de Negocios San Bernardo.

Durante esta instancia explicó la normativa N.º 20.416 y los Procedimientos Concursales contenidos en la Ley 20.720, sumado a tips para identificar si su empresa es viable o no.

En la ocasión, la profesional instruyó a los presentes sobre el papel del Asesor Económico de Insolvencia, que es una persona natural sujeta a la fiscalización de la Superir, habilitada para efectuar un estudio de la situación económica, financiera y contable del deudor que previamente hubiere requerido su intervención.

Lo anterior, con la finalidad de otorgar asesoramiento, protección y ordenamiento a la empresa, buscar acuerdos con los acreedores y presentar el certificado de insolvencia (otorgándole a la empresa una protección financiera hasta por 90 días).