09 de octubre de 2024
Santiago. Durante octubre, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) celebra el décimo aniversario de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.
Desde su puesta en marcha, la normativa ha permitido que más de 37 mil personas naturales y 11 mil empresas accedan a una renegociación o una reorganización para reestructurar sus deudas o, en última instancia, liquidar sus bienes de forma ordenada y transparente.
El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, destacó que “este hito ha sido un verdadero cambio de paradigma en cómo se gestiona el sobre endeudamiento en Chile. En estos 10 años, hemos sido testigos de cómo la ley ha sido clave para dar una segunda oportunidad a quienes han enfrentado crisis financieras y eso lo vemos en el aumento en el uso de los procedimientos concursales, si comparamos estos más de 48 mil procedimientos en 10 años, en relación a los apenas 5.300 empresas y un escaso número de personas que solicitaron su quiebra en 34 años de la ley anterior».
Durante esta década, la autoridad también resaltó que la norma se ha visto complementada con una serie de modernizaciones e innovaciones institucionales, “que hoy, por ejemplo, nos permite tramitar una renegociación totalmente en línea o efectuar las audiencias de este procedimiento de manera telemática, además de fortalecer nuestro rol fiscalizador a través de una Fiscalización basada en riesgo para evaluar el actuar de veedores y liquidadores de manera más certera y precisa”.
Otro hito que recordó el Superintendente, fueron las mejoras que se le introdujo en agosto del año pasado a la Ley 20.720, mediante la Ley 21.563. “Este cambio legislativo nos posibilitó ampliar los beneficios de la renegociación a personas sobreendeudadas que emiten boletas de honorarios. Y a nuestras Mipes con problemas de solvencia, les diseñamos un procedimiento simplificado exclusivo para este segmento de empresas, con menores costos de acceso y, en general, eliminamos la burocracia a todos los procedimientos, para que salir del laberinto de la deuda sea mucho más rápido, sin tantas trabas, y así volver a reinsertarse en la economía. Para que esto se produzca de manera efectiva, sin que los deudores que terminan sus procedimientos concursales sean desbancarizados, recordó que la modificación a la ley contempla que los acreedores y administradores de bases de datos tienen máximo 30 días para borrar de sus registros las deudas que fueron repactadas, novadas o que se extinguieron”, comentó.
La evolución de los procedimientos concursales
De acuerdo con los datos estadísticos presentados por la Superir, en 10 años se han efectuado 9 mil 100 renegociaciones de deudas y 28.349 personas salieron de sus problemas financieros a través de la liquidación de sus bienes. Este último trámite se simplificó a partir del 11 de agosto del año pasado, registrándose al 30 de septiembre un total de 3.814 liquidaciones simplificadas de personas.
Respecto de las empresas, a partir de 2014 se han realizado 467 reorganizaciones y 10.909 liquidaciones.
Y con la puesta en marcha de la Ley 21.563, que introdujo mecanismos exclusivos para micro y pequeñas empresas con problemas de solvencia, se registran al 30 de septiembre de 2024 16 reorganizaciones simplificadas y 243 liquidaciones simplificadas de Mipes.
El Superintendente Hugo Sánchez hizo un llamado a seguir utilizando los mecanismos que la ley ofrece para enfrentar las deudas. Al respecto, manifestó que “un acceso oportuno a las soluciones que entrega la Superintendencia, es fundamental para la estabilidad económica, tanto de las familias como de las empresas del país. Y por ello, seguiremos trabajando para que cada vez más personas endeudadas conozcan sus derechos y las opciones que tienen en materia de insolvencia, fortaleciendo nuestro plan de educación financiera, el que se sustenta en charlas y capacitaciones en todo el país y nuestra plataforma www.tenlaclara.cl. Asimismo, continuaremos desarrollando nuestro proyecto de innovación que le permitirá a las Mipes medir anticipadamente sus niveles de solvencia”.
