27 de febrero de 2024.
Copiapó. El Coordinador Regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), Alejandro Flores, participó en la primera reunión de organismos públicos fiscalizadores en materia de consumo liderada por la Seremi de Economía Atacama, Makarena Arias, y el Director Regional de Sernac, Kurt Iturrieta.
La actividad tuvo por objetivo dar a conocer la función fiscalizadora de cada Servicio y potenciar el trabajo mancomunado entre el Servicio Nacional del Consumidor y los distintos organismos fiscalizadores con competencias en temáticas de consumo, para brindar una mayor protección y evitar que se cometan abusos que afecten a las personas consumidoras de la región.
En la ocasión estuvieron representantes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); el Servicio de Impuestos Internos (SII); Carabineros de Chile; el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur); la Seremi de Salud; la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS); la Superintendencia de Insolvencia y Re emprendimiento (Superir); y Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
Por su parte, el profesional de la Superir se comprometió a valer de canal de derivación de consumidores y consumidoras respecto de incumplimientos de contratos bancarios o problemas de bancarización o discriminación, así como la derivación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuando corresponda.
La Seremi de Economía de Atacama, Makarena Arias, junto con valorar este encuentro, indicó que “es muy importante generar este tipo de instancias, pues es prioridad del Gobierno realizar un trabajo coordinado entre los distintos Servicios Públicos presentes en Atacama, de modo de potenciar las facultades con que cada uno cuenta y de esta manera lograr una protección efectiva de los ciudadanos frente a eventuales abusos que surjan en los distintos mercados en la región”.
Por su parte, el Director Regional del Sernac de Atacama, Kurt Iturrieta, explicó que, en esta actividad, se pudo informar a los demás organismos sobre la facultad de fiscalización que posee la institución, y generar una propuesta de trabajo colaborativo interinstitucional que posibilite una mayor cobertura e impacto territorial, con miras a prevenir, disuadir y corregir incumplimientos a la normativa en materias de consumo.
