06 de septiembre de 2024.
Vitacura. En agosto de 2024, la Ley 21.563 cumplió su primer año de vigencia, una normativa que modernizó la Ley 20.720 que está próxima a cumplir una década en octubre de este año. Ambas efemérides fueron el eje central de la exposición del Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, durante el Seminario Regional Latam 2024 organizado en la comuna de Vitacura por el Instituto Internacional de Insolvencia (III), quien abrió el evento en el rol de Keynote Speaker. El evento reunió a destacados abogados nacionales e internacionales, de países como EEUU, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia.
En su intervención, la autoridad destacó el impacto que ha tenido la Ley 20.720 que el año 2014 modificó radicalmente el enfoque sobre la insolvencia en Chile. Anteriormente, la Ley de Quiebras era principalmente utilizada por grandes empresas y generaba estigmatización hacia los deudores. Con la nueva normativa, tanto personas como empresas, sin importar su tamaño, pueden acceder a procedimientos para enfrentar el sobreendeudamiento.
«En 34 años de la antigua Ley de Quiebras, se tramitaron solo 5.300 casos, en su mayoría correspondientes a empresas. Sin embargo, en casi 10 años de la Ley 20.720, más de 8.000 personas han renegociado sus deudas, con una tasa de éxito del 97%”, destacó el Superintendente.
Sobre la modernización introducida por la Ley 21.563, resaltó avances significativos, como la inclusión de deudores que emiten boletas de honorarios en el procedimiento de renegociación, así como la creación de un proceso simplificado de liquidación tanto para micro y pequeñas empresas como para personas naturales, y la implementación de una reorganización simplificada dirigida a las MIPEs.
“Desde agosto del año pasado, el 66% de las solicitudes de renegociación han sido presentadas por emisores de boletas de honorarios. Además, hemos reducido las barreras de entrada y los costos para que las empresas más pequeñas puedan reorganizar sus deudas o acceder a una liquidación simplificada, que hoy se resuelve en un promedio de cinco a seis meses, comparado con los tres años que tardaba anteriormente”, explicó el Superintendente.
Durante su exposición, también abordó la implementación del «incidente de mala fe», una herramienta diseñada para evitar abusos en el proceso de liquidación, como el ocultamiento de bienes o prácticas que perjudiquen a los acreedores. «De casi 3.000 liquidaciones, solo 42 han sido calificadas bajo este concepto, es decir, no se ha usado de manera masiva, como algunos grupos de interés hicieron ver durante la tramitación de nuestra nueva Ley N° 21.563», puntualizó.
Finalmente, subrayó los desafíos futuros, como la necesidad de mejorar la reorganización de grandes empresas mediante la creación de mecanismos de financiamiento como el dip financing, similar al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Esto permitiría que empresas en insolvencia reciban inyecciones de capital sin tener que recurrir a legislaciones extranjeras, como las de Estados Unidos o Singapur.
Por último, el Superintendente Hugo Sánchez habló sobre un proyecto de innovación impulsado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en colaboración con otras instituciones públicas, universidades y gremios de MIPEs. Esta iniciativa, comentó, tiene como objetivo mejorar la educación financiera entre las micro y pequeñas empresas y proveerles de una herramienta gratuita que les permita controlar periódicamente su nivel de solvencia, de manera que puedan decidir tempranamente someterse a los procedimientos concursales para salvar sus emprendimientos.
